La nueva ley del sistema público de pensiones ha sido adoptada en el pleno de la Cámara de los Diputados, foro de decisiones en este caso. En el pleno no hubo votos en contra, pero la oposición critica el documento.
La Cámara de los Diputados de Bucarest, como foro de decisiones en este caso, ha adoptado la versión revisada de la nueva ley del sistema público de pensiones, después de que el Tribunal Constitucional haya declarado no constitucionales ciertos aspectos de su contenido. El documento prevé el aumento por etapas del punto de pensión, de 265 euros en el presente a 395 euros en 2021. A partir de 2022, anualmente, el valor del punto de referencia será correlacionado con la inflación y el 50% del aumento real del ingreso medio bruto realizado. La pensión mínima se calcula según el salario mínimo bruto por economía en el año respectivo. Las personas con una antigüedad laboral de como mínimo 15 años reciben un 45% del salario mínimo bruto por país, y por cada año más de antigüedad laboral se añade un 1% del salario mínimo bruto por país. Las personas con una antigüedad laboral entre de 10 y 15 años, jubiladas en el momento de la adopción de esta ley, recibirán el 40% del salario mínimo bruto por país y, por cada año adicional, recibirán igualmente un punto porcentual.
Al mismo tiempo, se verifican todos los derechos salariales por los que se han pagado las contribuciones: sobresueldos, acuerdo global, el decimotercer salario, horas extra, premios u otras bonificaciones. La nueva ley prevé también cuatro categorías de pensiones: por edad legal, por jubilación anticipada, por invalidez y la pensión por sobrevivencia. Los representantes de la coalición en el Gobierno, integrada por el Partido Social Demócrata y la Alianza de los Liberales y Demócratas, afirman que esta ley corrige las desigualdades y pone orden en el sistema. Además, aseguran que ninguna pensión de jubilación bajará en el pago. Si después de recalcularla resulta una suma que está por debajo del pago actual, entonces se mantiene la suma inicial y un incremento del 10%.
La exministra de Trabajo, una de las iniciadoras de dicho proyecto, la diputada del Partido Social Demócrata, Lia Olguta Vasilescu nos ha declarado lo siguiente:
"Es un proyecto beneficioso que soluciona en primer lugar, las desigualdades existentes en el sistema público de pensiones y que conllevará crecimientos sustanciales de las pensiones. Hubo personas que querían retrasar esta ley, pero es importante que los crecimientos del presupuesto público se reflejen también en los bolsillos de la población."
Sin embargo, los representantes de la oposición consideran que las desigualdades no serán eliminadas. Dan Vălceanu, diputado del Partido Nacional Liberal, nos ha declarado esto:
"Ustedes afirmaron que los jubilados recibirían pensiones mayores. Esto es falso. Los que trabajaron en condiciones difíciles o especiales e incluso los que tienen más años de antigüedad laboral recibirán menos dinero."
Los críticos de la nueva ley de pensiones consideran que se trata de una iniciativa con fines electorales.
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