Cada vez m\u00e1s rumanos tienen dificultades para pagar sus cuotas, pr\u00e9stamos u otras obligaciones financieras, y el procedimiento de insolvencia para particulares se est\u00e1 convirtiendo en una soluci\u00f3n cada vez m\u00e1s debatida. La Autoridad Nacional de Protecci\u00f3n del Consumidor (ANPC) est\u00e1 preparando cambios importantes que podr\u00edan ampliar el acceso a este procedimiento y proteger la vivienda familiar de la ejecuci\u00f3n hipotecaria. Actualmente, el procedimiento de insolvencia para particulares est\u00e1 regulado por la Ley 151\/2015, y para acceder a la forma cl\u00e1sica de insolvencia, el umbral m\u00ednimo de deuda es de 15 salarios m\u00ednimos brutos por econom\u00eda, es decir, 60.750 leus en 2026. La ANPC propone reducir este umbral a 10 salarios m\u00ednimos brutos, es decir, 40.500 leus, para que m\u00e1s rumanos puedan acogerse al procedimiento. Otro cambio importante propuesto por la ANPC tiene como objetivo proteger la vivienda familiar, incluy\u00e9ndola en la categor\u00eda de activos no rastreables, es decir, activos que no pueden ser ejecutados bajo ciertas condiciones. Las excepciones propuestas son las viviendas adquiridas a trav\u00e9s del programa \u00abPrima Casa (Primera Casa)\u00bb. La ANPC tambi\u00e9n propone que los bancos y las instituciones financieras no bancarias est\u00e9n obligados a informar a los clientes con retrasos en los pagos superiores a 90 d\u00edas sobre la posibilidad de acogerse a la insolvencia personal e incluir expl\u00edcitamente en la notificaci\u00f3n la informaci\u00f3n de contacto de la Direcci\u00f3n de Insolvencia de Particulares: insolventa@anpc.ro.<\/p>\n
En un reportaje de Alina Nechita, de Radio Rom\u00e2nia Cluj, el presidente de la ANPC, B\u00e9k\u00e9si Csaba Lajos, habla sobre las nuevas propuestas legislativas dirigidas a las personas que ya no pueden hacer frente a sus deudas:<\/p>\n
\u00abQueremos mejorar las condiciones para solicitar y llevar a cabo procedimientos de insolvencia, para facilitar la interacci\u00f3n de quienes necesitan este apoyo con este procedimiento. Por lo tanto, la Comisi\u00f3n de Insolvencia a nivel central ya ha iniciado medidas para modificar el marco legislativo a trav\u00e9s del cual buscamos varios aspectos extremadamente importantes para mejorar este procedimiento de insolvencia para las personas. Pretendemos introducir la vivienda familiar en la categor\u00eda de activos no rastreables. Este es un aspecto extremadamente importante y humano. Nuestra vivienda familiar no deber\u00eda estar sujeta a este proceso y, por lo tanto, no deber\u00eda poner en peligro el desarrollo y la seguridad de nuestras familias. Redefinir el valor umbral, un aspecto extremadamente importante, a trav\u00e9s del cual queremos restablecer el nivel a 10 salarios m\u00ednimos, en comparaci\u00f3n con la forma actual, donde tenemos 15 salarios m\u00ednimos en la econom\u00eda. Por lo tanto, el monto m\u00ednimo de deuda requerido para abrir este procedimiento deber\u00eda disminuir en comparaci\u00f3n con el valor regulado actualmente. As\u00ed facilitamos el acceso a estos procedimientos a un mayor n\u00famero de consumidores. Repito, m\u00e1s consumidores se beneficiar\u00e1n de este procedimiento y m\u00e1s consumidores ver\u00e1n defendidos sus intereses y seguridad ante los acreedores. El establecimiento de la obligaci\u00f3n para los operadores econ\u00f3micos que realizan actividades de cr\u00e9dito a personas f\u00edsicas de informar a los consumidores deudores sobre la posibilidad de beneficiarse de las disposiciones de la Ley 151, as\u00ed como sobre la posibilidad de contactar con el Departamento de Insolvencia de Particulares, que se encuentra dentro de nuestra jurisdicci\u00f3n, es otro elemento que deseamos incorporar a esta enmienda legislativa. Existen varias condiciones preliminares impuestas por la legislaci\u00f3n espec\u00edfica para la presentaci\u00f3n de estas solicitudes de insolvencia. Notificaci\u00f3n previa a los acreedores con al menos 30 d\u00edas de antelaci\u00f3n a la presentaci\u00f3n de la solicitud. Presentaci\u00f3n de pruebas de ingresos o falta de los mismos. Adjuntar documentos que acrediten los ingresos obtenidos en los \u00faltimos 3 a\u00f1os, o bien estimaciones para los pr\u00f3ximos 3 a\u00f1os. Documentos fiscales, antecedentes penales, informe de la Oficina de Cr\u00e9dito: todos estos documentos, junto con la presentaci\u00f3n de un plan de pago propuesto, si fuera necesario, son requisitos previos necesarios para la presentaci\u00f3n de la solicitud de insolvencia..\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n La ley ahora permite tres formas de insolvencia personal: un plan de pago a plazos de un m\u00e1ximo de 5 a\u00f1os, un procedimiento simplificado para personas vulnerables y la liquidaci\u00f3n de activos.<\/p>\n En detalle, el presidente de ANPC, B\u00e9k\u00e9si Csaba Lajos, explica:<\/p>\n \u00abLa Ley 151\/2015 regula tres tipos de procedimientos de insolvencia. El primer procedimiento b\u00e1sico se refiere a un procedimiento basado en un plan de pago de deudas, dirigido a deudores con deudas iguales o superiores a 15 salarios m\u00ednimos brutos vigentes en la econom\u00eda, es decir, 60.750 leus. Este procedimiento implica el pago de al menos el 50% de las deudas en un plazo m\u00e1ximo de 60 meses y, con base en un plan aprobado por los acreedores, ofrece beneficios como la suspensi\u00f3n de ejecuciones forzosas, intereses y la posibilidad de la cancelaci\u00f3n parcial de la deuda. El procedimiento simplificado de insolvencia est\u00e1 dirigido principalmente a pensionistas o personas con capacidad laboral reducida, cuyas deudas no superen los 10 salarios m\u00ednimos, es decir, 40.500 leus, y que no posean bienes ni ingresos l\u00edcitos. Tras un per\u00edodo de supervisi\u00f3n de tres a\u00f1os, los deudores pueden beneficiarse de la cancelaci\u00f3n total de la deuda si se cumplen las condiciones. El procedimiento legal a trav\u00e9s de la liquidaci\u00f3n de activos se aplica a los deudores con deudas superiores a 60.750 leus, el equivalente a 15 salarios a los que me refer\u00eda, que no puedan pagar al menos el 50% de la deuda en 5 a\u00f1os. Este procedimiento implica la venta de activos, procesos judiciales y pagos mensuales durante un m\u00e1ximo de 5 a\u00f1os, condon\u00e1ndose la deuda restante al finalizar el procedimiento.\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n \u00a0<\/em>Estas medidas propuestas por la ANPC surgen en un momento en que el acceso a la propiedad se vuelve cada vez m\u00e1s dif\u00edcil: seg\u00fan datos recientes, el n\u00famero de rumanos en zonas urbanas que poseen una vivienda propia est\u00e1 disminuyendo, y cada vez m\u00e1s optan o se ven obligados a vivir de alquiler. En este nuevo contexto econ\u00f3mico, proteger el equilibrio financiero de la familia se convierte no solo en una cuesti\u00f3n legal, sino tambi\u00e9n social, con un impacto directo en la vida cotidiana.<\/p>\n <\/p>\n (versi\u00f3n en espa\u00f1ol: Simona Sarbescu)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cada vez m\u00e1s rumanos tienen dificultades para pagar sus cuotas, pr\u00e9stamos u otras obligaciones financieras, y el procedimiento de insolvencia para particulares se est\u00e1 convirtiendo en una soluci\u00f3n cada vez m\u00e1s debatida. 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