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Tras las reacciones de instituciones como la Presidencia y el Consejo Superior de la Magistratura o las misiones diplom\u00e1ticas de algunos estados occidentales en Bucarest, la calle tambi\u00e9n ha reaccionado ante las pol\u00e9micas modificaciones que los parlamentarios rumanos quieren llevar a cabo en el C\u00f3digo Penal. Casi mil personas se han reunido este domingo en el centro de Bucarest, convertido estos \u00faltimos meses en un punto clave de las protestas de los ciudadanos, para protestar contra el nuevo muro que el Parlamento quiere interponer entre ellos y la Justicia. La principal modificaci\u00f3n es la que prev\u00e9 que el jefe del Estado, los parlamentarios y las personas con profesiones liberales dejen de ser considerados funcionarios p\u00fablicos y por consiguiente ya no puedan ser investigados y condenados por delitos de corrupci\u00f3n, como prevaricaci\u00f3n, cohecho o tr\u00e1fico de influencias, o por conflicto de intereses.<\/p>\n
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Aunque la adopci\u00f3n muy r\u00e1pida de estas modificaciones ha generado indignaci\u00f3n p\u00fablica, los parlamentarios, independientemente de su color pol\u00edtico, no han dejado de defender su voto y sus decisiones. Entre los m\u00e1s activos est\u00e1 el diputado del PSD (en el poder), Eugen Nicolicea:<\/p>\n
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\u201cLos parlamentarios han sido eliminados de la categor\u00eda de los empleados p\u00fablicos. Esta es una afirmaci\u00f3n falsa. La principal condici\u00f3n para un funcionario p\u00fablico, seg\u00fan la definici\u00f3n en el C\u00f3digo Penal, es la de trabajar en una instituci\u00f3n p\u00fablica. Evidentemente esto no sucede, a pesar de ser el Senado o la C\u00e1mara de los Diputados instituciones p\u00fablicas. Los parlamentarios no trabajan para la C\u00e1mara de los Diputados o el Senado. S\u00ed que trabajan los consejeros, la plantilla t\u00e9cnica y los dem\u00e1s empleados, pero no los parlamentarios, as\u00ed como el presidente tampoco es empleado de la Administraci\u00f3n Presidencial\u201d.<\/em><\/p>\n
Aunque numerosas, las explicaciones presentadas por los diputados no han encontrado ning\u00fan terreno f\u00e9rtil. Mucho menos si hablamos de la Agencia Nacional de Integridad (ANI) y la Direcci\u00f3n Nacional Anticorrupci\u00f3n (DNA) que, una vez aprobadas las modificaciones del C\u00f3digo Penal, perder\u00e1n una parte importante de sus actividades. Los casos de decenas de parlamentarios que estuvieron o siguen estando investigados por la ANI y la DNA son una prueba del nivel de implicaci\u00f3n de estas instituciones en la lucha contra las ilegalidades cometidas por los diputados. Desde el jefe del Estado, Traian B\u0103sescu, hasta los analistas pol\u00edticos, no son pocos los que opinan que el hecho de los parlamentarios escapen a la autoridad de la ANI y la DNA supondr\u00e1 muchos puntos negativos en el futuro informe de la Comisi\u00f3n Europea sobre el progreso de la Justicia en Ruman\u00eda. Esto tambi\u00e9n porque tradicionalmente la ANI y la DNA gozan de calificativos muy positivos otorgados por los informes anteriores de la Comisi\u00f3n.<\/p>\n
(trad. Simona Sarbescu)<\/p>\n
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