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Tras los recientes atentados perpetrados en Par\u00eds, en Ruman\u00eda ha surgido la idea de crear una ley de seguridad cibern\u00e9tica, calificada seg\u00fan sus numerosos opositores como la \u201dley Big Brother\u201d (ley Gran Hermano). Rechazada el pasado verano por el Tribunal Constitucional, esta ley ser\u00e1 ahora analizada por el Gobierno y el Parlamento de Bucarest, as\u00ed como por la sociedad civil, que se opone al proyecto. Muchos ciudadanos, incluso algunos pol\u00edticos, consideran que ninguna instituci\u00f3n o persona deber\u00eda violar la vida privada de los ciudadanos o el contenido de sus ordenadores ya que afecta <\/em>as\u00ed al derecho a la intimidad.<\/p>\n
Dado que el Tribunal Constitucional rechaz\u00f3 la \u201dley Big Brother\u201d en julio de 2014, la urgencia\u201d invocada por las autoridades significa utilizar la tragedia ocurrida en Francia como pretexto para aprobar proyectos legislativos de seguridad que violan los derechos fundamentales, seg\u00fan afirman algunas ONG. \u00bfPara qu\u00e9 sirve una monitorizaci\u00f3n general en vez de una vigilancia individual?, preguntan las mismas ONG. Con el fin de eliminar las especulaciones y tambi\u00e9n las acusaciones dirigidas contra la Ley de Seguridad Cibern\u00e9tica, el Servicio Rumano de Inteligencia ha explicado que con esta ley quieren proteger y respetar los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos y que las autoridades podr\u00edan tener acceso al contenido del ordenador y a otros datos de car\u00e1cter privado solo con una autorizaci\u00f3n judicial. Solo los administradores de infraestructuras cibern\u00e9ticas y no las personas f\u00edsicas podr\u00e1n suministrar a las autoridades datos t\u00e9cnicos sobre el delito objeto de la autorizaci\u00f3n. <\/p>\n
Si los controles preliminares confirman la necesidad de investigar a ciertas personas, el juez puede autorizar el acceso policial al ordenador, tableta o smartphone pertenecientes a dichas personas. Adem\u00e1s, el SRI explic\u00f3 que no hace falta aplicar otras regulaciones sobre los derechos humanos porque ya existe una ley que regula el acceso policial a datos de car\u00e1cter privado en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal y tambi\u00e9n en la Ley de Seguridad Nacional. Si la \u201dley Big Brother\u201d sigue siendo un asunto controvertido, no se puede decir lo mismo sobre la ley de tarjetas prepago. Una posible aplicaci\u00f3n de la ley que permita identificar a los usuarios de m\u00f3viles prepago parece no haber suscitado tanta pol\u00e9mica, dado que se supone que las llamadas con tarjeta prepago no son <\/em>secretas o clandestinas, sino asumidas por los usuarios de m\u00f3viles.<\/p>\n
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