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La Ley de Seguridad Cibern\u00e9tica de Ruman\u00eda, criticada por la sociedad civil y adoptada hace un mes por el Parlamento, ha sido declarada inconstitucional. Los jueces del Tribunal Constitucional han aprobado la querella presentada por un grupo de parlamentarios liberales de la oposici\u00f3n que advierten sobre este proyecto de ley que, seg\u00fan afirman, no respeta el derecho a la privacidad de los usuarios. Seg\u00fan el Tribunal, dicha ley, adem\u00e1s de no haber recibido el visto bueno del CSAT, ha violado algunos art\u00edculos de la Constituci\u00f3n, como los que se refieren al libre acceso a la justicia y a un juicio justo, el derecho a la vida \u00edntima, familiar y privada, o el derecho al secreto de la correspondencia.<\/p>\n
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Esta es la tercera ley del \u00abpaquete Big Brother\u00bb declarada inconstitucional tras haber rechazado el Tribunal Constitucional otras dos leyes el a\u00f1o pasado: la ley sobre la obligaci\u00f3n de los proveedores de telefon\u00eda e internet a guardar los datos de los usuarios durante 6 meses y la que obliga a solicitar los datos personales a los usuarios de tarjetas prepago y de redes Wi-Fi. Muchos consideran que la Ley de Seguridad Cibern\u00e9tica permitir\u00eda el acceso de los fiscales a datos de cualquier sistema inform\u00e1tico, sospechoso de implicaci\u00f3n en actividades ilegales, sin ning\u00fan mandato legal, solo solicitando una autorizaci\u00f3n judicial.<\/p>\n
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Por otro lado, los partidarios de dicha ley afirman que esta no se refiere a todos los ciudadanos que tengan un ordenador y que es necesaria en la situaci\u00f3n actual, cuando los riesgos y las amenazas cibern\u00e9ticas est\u00e1n aumentando. Seg\u00fan el SRI, el principal partidario del proyecto, dicha ley es indispensable para proteger y garantizar los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Las especulaciones, las acusaciones o los temores generados por este asunto no se justifican porque la ley no permite a las instituciones del Estado acceder a la vida privada de los ciudadanos sin previa autorizaci\u00f3n judicial, ha destacado el SRI. Solo los operadores de infraestructuras cibern\u00e9ticas y no las personas f\u00edsicas tienen la responsabilidad de poner a disposici\u00f3n de las autoridades los datos t\u00e9cnicos sobre el delito investigado, seg\u00fan explican los representantes del SRI. Posteriormente, tras una evaluaci\u00f3n preliminar, si es necesario ampliar las investigaciones a ciertas personas, los jueces pueden autorizar el acceso a un ordenador, tableta o smartphone. Sin embargo, la ley no lo dice de manera expl\u00edcita.<\/p>\n
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El SRI explic\u00f3 que no hace falta aplicar otras regulaciones sobre los derechos humanos porque ya existe una ley que regula el acceso a datos de car\u00e1cter privado, tanto en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal como en la Ley de Seguridad Nacional. Si estas regulaciones hubieran sido incluidas en la Ley de Seguridad Cibern\u00e9tica, habr\u00edan causado una redundancia legislativa, lo que contraviene a las buenas pr\u00e1cticas en este \u00e1mbito. <\/p>\n
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(Traducido por Simona Sarbescu)<\/p>\n
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El Tribunal Constitucional ha decidido que la Ley de Seguridad Cibern\u00e9tica es inconstitucional. Se trata de la tercera propuesta de ley del ‘paquete Big Brother’, que viola la ley fundamental.<\/p>\n","protected":false},"author":106,"featured_media":60232,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"coauthors":[],"class_list":["post-200841","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-en-portada"],"acf":[],"yoast_head":"\n