Los temores manifestados por los fiscales, los medios de comunicaci\u00f3n y la sociedad civil, as\u00ed como las esperanzas de numerosas figuras p\u00fablicas investigadas por corrupci\u00f3n se han visto anuladas este mi\u00e9rcoles, cuando el Tribunal Constitucional ha admitido de manera parcial la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad en el caso del abuso de poder. Los jueces del Tribunal han decidido que las regulaciones previstas por la legislaci\u00f3n penal son constitucionales, si se constata que el incumplimiento de las atribuciones en el cargo implica violar la ley. La decisi\u00f3n ha sido un\u00e1nime, tiene car\u00e1cter definitivo y obligatorio y se aplicar\u00e1 a partir de la fecha de adopci\u00f3n. El presidente interino del Tribunal Constitucional, Valer Dorneanu, ha explicado que en ning\u00fan caso se puede hablar de la despenalizaci\u00f3n del abuso de poder, y su compa\u00f1ero Petre L\u0103z\u0103roiu ha afirmado que solo se requer\u00eda una aclaraci\u00f3n de t\u00e9rminos. Petre L\u0103z\u0103roiu:<\/p>\n
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\u201dEl juez debe establecer si se ha violado o no la ley. Este sintagma daba lugar a posibles interpretaciones de la ley. Cualquier cumplimiento o acto que no estaba conforme con el marco legal establecido por los fiscales era considerado ilegal , as\u00ed que requer\u00eda aclaraciones.\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n
Entre los personajes que aparecen en los expedientes a los que se ha aplicado la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad sobre el abuso de poder figuran la exjefa de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de los Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT ), Alina Bica, algunos pol\u00edticos conocidos como \u201dbarones locales\u201d, as\u00ed como los expresidentes de los consejos locales de Constantza y Br\u0103ila (sudeste), Nicu\u015for Constantinescu y Gheorghe Bunea Stancu. Tambi\u00e9n este mi\u00e9rcoles, el Tribunal Constitucional ha decidido que el art\u00edculo de la ley especial que regula el funcionamiento de la DNA tiene car\u00e1cter constitucional. Anteriormente, la fiscal jefa de la DNA, Laura Codru\u0163a Kovesi, hab\u00eda advertido que la despenalizaci\u00f3n del abuso de poder bloquear\u00eda unos 800 expedientes no finalizados.<\/p>\n
Adem\u00e1s, habr\u00eda hecho imposible la recuperaci\u00f3n de los da\u00f1os causados por la comisi\u00f3n de este delito, que el a\u00f1o pasado alcanzaron los 620 millones de euros. El jefe de la Academia Internacional Contra la Corrupci\u00f3n, Martin Kreutner, hab\u00eda destacado que en Rumania la penalizaci\u00f3n del abuso de poder es muy importante y que la actual legislaci\u00f3n rumana al respecto es reconocida por los foros internacionales.<\/p>\n
Espero que la decisi\u00f3n del CCR pueda aclarar y mejorar la justicia en Ruman\u00eda, ha declarado el jefe del Estado, Klaus Iohannis. Por su parte, el presidente del Senado, C\u0103lin Popescu-T\u0103riceanu, una de las voces cr\u00edticas dirigidas contra la llamada \u201drep\u00fablica de los fiscales\u201d, se ha declarado contento con la medida que rechaza la despenalizaci\u00f3n del abuso de poder, que as\u00ed se ha mantenido como delito en el C\u00f3digo Penal, pero de otra forma, mucho m\u00e1s rigurosa.<\/p>\n
(traducido por Simona sarbescu) <\/p>\n
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