Ha pasado un mes desde que se aprob\u00f3 la controvertida ordenanza 13, mediante la cual, el Gobierno rumano intent\u00f3 relajar la legislaci\u00f3n penal, pero sus efectos no han terminado aunque se haya anulado el documento. Este lunes el Tribunal Constitucional ha constatado que hubo un conflicto jur\u00eddico de \u00edndole constitucional entre la Direcci\u00f3n Nacional Anticorrupci\u00f3n (DNA) y el Ejecutivo. Este conflicto, ha precisado el Tribunal Constitucional de Ruman\u00eda, fue generado por el hecho de que los fiscales se arrogaran la atribuci\u00f3n de verificar la legalidad y la oportunidad de una ley, la c\u00e9lebre ordenanza 13, infringiendo las competencias constitucionales del Gobierno y el Parlamento. El Tribunal ha explicado que la autoridad legislativa pertenece al Parlamento, pero el Gobierno tambi\u00e9n puede hacer esto mediante ordenanzas. En este caso, la \u00fanica autoridad habilitada para verificar la legalidad de las ordenanzas gubernamentales es el Tribunal Constitucional. Las verificaciones de los fiscales anticorrupci\u00f3n sobre la oportunidad de emitir la ordenanza y la manifestaci\u00f3n de opiniones exceden la autoridad de la DNA y corresponden al Parlamento y al Tribunal Constitucional respectivamente, ha afirmado el presidente del mismo, Valer Dorneanu:<\/p>\n
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\u201cConsideramos que se ha perturbado la buena actividad del Gobierno y se han perturbado tambi\u00e9n las relaciones que deben existir entre las tres autoridades: judicial, ejecutiva y legislativa.\u201d<\/p>\n
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Para las decisiones pol\u00edticas es necesario hacer responsables a los ministros por medios pol\u00edticos, y no por los de derecho penal, ha destacado el Tribunal. Tras anunciarse la decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional de Ruman\u00eda, el presidente del Senado, C\u0103lin Popescu-T\u0103riceanu, quien present\u00f3 la denuncia, ha declarado que las relaciones entre los poderes del Estado est\u00e1n volviendo a la normalidad y que la soluci\u00f3n del Tribunal lleva a que se eviten futuros conflictos institucionales. C\u0103lin Popescu-T\u0103riceanu:<\/p>\n
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\u201cEl Parlamento delega al Gobierno la posibilidad de adoptar proyectos de ley y ordenanzas de urgencia y el Parlamento los censura desde el punto de vista de la oportunidad<\/em>
Este lunes, el d\u00eda de la decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional de Ruman\u00eda, la DNA ha cerrado parte del expediente abierto en el caso de la ordenanza 13 y lo ha enviado a la Fiscal\u00eda General. Los fiscales anticorrupci\u00f3n tienen sospechas de que se infrigi\u00f3 la ley, como en el hecho de favorecer al autor, la destrucci\u00f3n de documentos o la presentaci\u00f3n con mala voluntad de datos inexactos. El presidente del Tribunal Constitucional, Valer Dorneanu, ha precisado que de ahora en adelante se pueden investigar solo los hechos que atraen la responsabilidad penal directa, y la investigaci\u00f3n se debe hacer cumpliendo las prerrogativas del Tribunal Constitucional de Ruman\u00eda, el Parlamento y el Gobierno.<\/p>\n
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