Derogado por la presi\u00f3n de la calle, el Decreto Ley 13 a trav\u00e9s del cual el Ejecutivo de Bucarest integrado por el PSD y la ALDE intent\u00f3 relajar la legislaci\u00f3n penal anticorrupci\u00f3n sigue produciendo efectos. El Tribunal Constitucional decidi\u00f3 recientemente que la DNA hab\u00eda asumido competencias que no le corresponden a la hora de investigar el modo en que fue promovido dicho decreto ley. Impulsado por la decisi\u00f3n del Tribunal, el ministro de Justicia decidi\u00f3 que era necesario evaluar la actividad de los jefes de la Fiscal\u00eda General y de la DNA. Tudorel Toader ha precisado que la decisi\u00f3n de evaluar la actividad de los dos fiscales no hab\u00eda sido ordenada pol\u00edticamente por el PSD. Despu\u00e9s de una clase de derecho constitucional que dur\u00f3 casi una hora, verdadera prueba de resistencia para los periodistas, el ministro ha hecho el anuncio esperado:<\/p>\n
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\u201cAl evaluar todos los factores de constitucionalidad y legalidad he decidido que en este momento no es oportuno iniciar el mecanismo institucional para revocar del cargo al fiscal general y a la fiscal jefe de la DNA.\u201d<\/em><\/p>\n
Sin embargo, la decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional seg\u00fan la cual los fiscales no tienen atribuciones para censurar los documentos gubernamentales, obliga al Ministerio a tomar medidas:<\/p>\n
\u201cConsideramos que es oportuno instituir una atenta monitorizaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de informar sobre la actividad desarrollada por los fiscales de la DNA, la <\/em>Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de las Infracciones de Criminalidad Organizada y Terrorismo <\/em> (DIICOT), la Fiscal\u00eda adjunta al Alto Tribunal de Justicia, autoridad que debe ejercer el ministro de Justicia y la ejercer\u00e9 sin que alguien intervenga en la independencia del fiscal de dar soluciones. \u201d<\/em><\/p>\n
En su calidad de defensor declarado de los esfuerzos de los fiscales para combatir la corrupci\u00f3n, el presidente Klaus Iohannis ha afirmado que est\u00e1 contento con la actividad del fiscal general y de la fiscal jefe de la DNA. El jefe del Estado no comparte la opini\u00f3n del ministro de Justicia en referencia a las supuestas irregularidades de la DNA pero tampoco ha discutido el derecho a monitorizar la actividad de las fiscal\u00edas. Klaus Iohannis:<\/p>\n
\u201cEspero que el se\u00f1or ministro apoye al Ministerio p\u00fablico, al fiscal general y a los fiscales jefes de la DNA y la DIICOT para que \u00e9stos cumplan mejor sus misiones. Si trabajan juntos en lo que hemos denominado una cooperaci\u00f3n leal entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio p\u00fablico, las cosas pueden funcionar mejor que al comienzo del a\u00f1o cuando el Ministerio de Justicia y el Ministerio p\u00fablico tuvieron posiciones divergentes en cuanto al Decreto Ley 13.\u201d<\/em><\/p>\n
El primer ministro Sorin Grindeanu ha precisado en un comunicado que desea estar informado constantemente sobre los resultados de la monitorizaci\u00f3n continua de la actividad de los fiscales y ha asegurado que el Gobierno est\u00e1 firmemente comprometido en la lucha anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n
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