En Bucarest, este a\u00f1o ha comenzado del mismo modo que finaliz\u00f3 el a\u00f1o pasado: con acusaciones virulentas contra la mayor\u00eda gubernamental integrada por el PSD y la ALDE, apoyada por la UDMR, que en opini\u00f3n de algunos, intentan subordinar a los magistrados y poner fin a la lucha contra la corrupci\u00f3n. Ya el primero de enero, m\u00e1s de 200 personas protestaron ante la sede del Gobierno contra las modificaciones de las leyes de la Justicia que este aprob\u00f3 el pasado mes de diciembre, con una rapidez poco habitual en un Parlamento que, normalmente, aprueba leyes de manera muy lenta. <\/p>\n
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En la reuni\u00f3n del Consejo Superior de la Magistratura, celebrada el pasado viernes, el presidente Klaus Iohannis critic\u00f3 los debates realizados por la Comisi\u00f3n parlamentaria especializada en las leyes de la Justicia, afirmando que este procedimiento es muy reciente y que las discusiones se desarrollaron con el pu\u00f1o en la boca de la oposici\u00f3n de derecha, formada por el PNL, la USR y el PMP. El s\u00e1bado en Timi\u015foara (oeste) y el domingo en Cluj (noroeste) centenares de personas salieron a la calle para exigir al Gobierno y al Parlamento que respeten la independencia de la justicia. Tambi\u00e9n el domingo, 19 organizaciones no gubernamentales de Ruman\u00eda solicitaron en una carta abierta al presidente Iohannis que mediara en el conflicto entre el Estado y la sociedad en el asunto de las leyes de la Justicia.<\/p>\n
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Los firmantes de la carta se\u00f1alan que el actual poder pol\u00edtico de Ruman\u00eda intenta socavar la lucha contra la corrupci\u00f3n, restringir la independencia de los fiscales y subordinar al poder judicial. Ellos desean que el jefe del Estado solicite a la Comisi\u00f3n de Venecia un punto de vista que clarifique si las modificaciones de las leyes de la Justicia que adopt\u00f3 el Parlamento el pasado mes de diciembre, son compatibles con los est\u00e1ndares fundamentales del Estado de derecho. Por su parte, en el Parlamento, en el Gobierno y en los medios de comunicaci\u00f3n, las voces del Gobierno siguen repitiendo que era necesario modificar las leyes de la Justicia para alinearlas con las decisiones de el Tribunal Constitucional de Ruman\u00eda y con los fallos de el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. <\/p>\n
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Los analistas, en cambio, acusan la rapidez y la manera ca\u00f3tica en la que se adoptaron estas leyes. Ellos recuerdan que, gracias a los fiscales anticorrupci\u00f3n, fue posible condenar a un exministro, investigar y enjuiciar a un primer ministro en funciones, arrestar a un juez del Tribunal Constitucional y al alcalde general junto con otros seis alcaldes de distritos de Bucarest. A estos se suman decenas de exmiembros del Gobierno y del Parlamento, alcaldes de municipios, presidentes de Consejos departamentales o prefectos, de izquierda o de derecha, en el poder o en la oposici\u00f3n, todos ellos protagonistas en casos de corrupci\u00f3n. Los analistas concluyen que a trav\u00e9s de las modificaciones de las leyes de la Justicia los pol\u00edticos intentan ahora recobrar sus privilegios y volver a ser una casta intocable. <\/p>\n
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Las leyes de la Justicia ocupan, nuevamente, la primera plana de los debates p\u00fablicos de Ruman\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"author":105,"featured_media":75978,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"coauthors":[],"class_list":["post-203196","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-en-portada"],"acf":[],"yoast_head":"\n