Todav\u00eda se mantiene el m\u00e9todo de supervisi\u00f3n de la Justicia rumana, que comenz\u00f3 en el a\u00f1o 2007, por parte de la Uni\u00f3n Europea, a trav\u00e9s del Mecanismo de Cooperaci\u00f3n y Verificaci\u00f3n. El \u00faltimo informe, publicado el pasado oto\u00f1o, pone de manifiesto una serie de avances, pero Bruselas se\u00f1ala tambi\u00e9n su preocupaci\u00f3n por el ritmo global de las reformas, que seg\u00fan afirma, se estancaron en el a\u00f1o 2017. Esta semana, Estrasburgo ha expresado las mismas preocupaciones a trav\u00e9s del Grupo Anticorrupci\u00f3n del Consejo Europeo (GRECO), que se\u00f1ala que Ruman\u00eda ha avanzado muy poco en la aplicaci\u00f3n de sus recomendaciones para prevenir y combatir la corrupci\u00f3n en el seno de legisladores, jueces y fiscales.<\/p>\n
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Para ser m\u00e1s exactos, Ruman\u00eda solo ha cumplido de forma completa con dos de las trece recomendaciones incluidas en la evaluaci\u00f3n anterior, siete recomendaciones no se han llevado a cabo en absoluto y cuatro de ellas se han cumplido de forma parcial. El GRECO se\u00f1ala que la principal iniciativa adoptada por Ruman\u00eda con respecto a los diputados ha sido un C\u00f3digo de Conducta, aprobado en octubre de 2017, que regula los regalos y otros beneficios, as\u00ed como la gesti\u00f3n de los conflictos de intereses. El Grupo Anticorrupci\u00f3n opina que la redacci\u00f3n del mismo es demasiado general y que las reglas para su implementaci\u00f3n son inconsistentes y por ello impiden que sea lo suficientemente satisfactorio. Asimismo, tambi\u00e9n se considera que Ruman\u00eda no ha prestado la atenci\u00f3n adecuada a la mejora de la actividad de la Agencia Nacional de Integridad en lo relativo al control de los bienes y los intereses de los parlamentarios, aunque los m\u00e9todos de trabajo y las capacidades de procesamiento de datos han mejorado. El proceso legislativo es un motivo de preocupaci\u00f3n para el GRECO, debido a las frecuentes controversias, a las acusaciones por falta de consultas, al uso excesivo del procedimiento acelerado y a la falta de transparencia. En el contexto de las fuertes tensiones del a\u00f1o 2017 provocadas por la intenci\u00f3n del Ejecutivo rumano de modificar las leyes de Justicia mediante reformas que involucran a jueces y fiscales, el GRECO se\u00f1ala que el a\u00f1o 2017 ha estado marcado por una serie de propuestas y contrapropuestas sobre nombramientos y procedimientos disciplinarios, algunos de los cuales se perciben como un intento de acabar con la independencia del Poder Judicial.<\/p>\n
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Uno de los argumentos del Partido Social Dem\u00f3crata y de sus socios de coalici\u00f3n (ALDE) para modificar las leyes de Justicia se basa en que, seg\u00fan su forma actual, permiten muchos abusos por parte de la judicatura. A fin de garantizar la presunci\u00f3n de inocencia y el derecho a un juicio justo, el Tribunal Constitucional decidi\u00f3 el jueves que las pruebas obtenidas ilegalmente y declaradas nulas en el marco de un procedimiento penal deben ser eliminadas de los expedientes. En opini\u00f3n del Tribunal Constitucional, el continuo acceso de un juez a pruebas declaradas nulas solo puede dar lugar a que esta informaci\u00f3n influya en sus decisiones sobre la posible culpabilidad o inocencia del acusado. Una vez declaradas nulas, dichas pruebas no podr\u00e1n usarse como consulta para resolver una causa.<\/p>\n
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