Una de las medidas coercitivas m\u00e1s significativas del estado de emergencia en Ruman\u00eda ha sido el endurecimiento dr\u00e1stico de las multas destinadas a desalentar a quienes frustrar\u00edan los esfuerzos de las autoridades por erradicar el nuevo coronavirus. Por ordenanza gubernamental de urgencia, los rumanos capturados con las manos en la masa se vieron obligados a pagar enormes sumas en comparaci\u00f3n con su poder adquisitivo. Con un salario medio en lei equivalente a unos 700 euros, la multa m\u00ednima se increment\u00f3 a 400 euros y la m\u00e1xima a m\u00e1s de 4 000 euros. En el contexto de algunas previsiones, algunas bastante vagas de las ordenanzas militares emitidas durante el estado de emergencia cuya interpretaci\u00f3n se dej\u00f3 a la polic\u00eda, algunas personas fueron multadas err\u00f3neamente, por ejemplo personas mayores sin ning\u00fan tipo de apoyo o personas de las zonas rurales, menos informadas o escolarizadas.<\/p>\n
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En este contexto, el Tribunal Constitucional de Ruman\u00eda ha admitido el mi\u00e9rcoles la queja del Defensor del Pueblo contra la ordenanza gubernamental de emergencia que impone estas enormes sanciones por incumplimiento de la cuarentena y el aislamiento. En otras palabras, las multas muy altas han sido declaradas inconstitucionales. Seg\u00fan los jueces del CCR, las disposiciones de la orden carecen de claridad, precisi\u00f3n y previsibilidad y la determinaci\u00f3n de los hechos considerados delitos quedan arbitrariamente a discreci\u00f3n de la polic\u00eda.<\/p>\n
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El primer ministro liberal, Ludovic Orban, ha reaccionado, se\u00f1alando que la decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional es pol\u00edtica:<\/p>\n
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Con esta decisi\u00f3n se puede decir que el Gobierno y las autoridades casi est\u00e1n impedidas a defender la salud y la vida de los rumanos. Esta decisi\u00f3n puede dar lugar a la situaci\u00f3n en la que las autoridades no puedan poner ninguna multa por haber infringido las normas establecidas durante el estado de emergencia.<\/em><\/p>\n
Por su parte, el ministro de Finanzas Florin C\u00ee\u0163u se ha defendido, diciendo que el objetivo de las multas altas no era aportar dinero al presupuesto sino reducir el riesgo de que la pandemia se propagara. Al otro lado de la barricada pol\u00edtica, la oposici\u00f3n representada por el PSD, la ALDE y Pro Rumania ha redactado un proyecto de ley para cancelar autom\u00e1ticamente la mayor\u00eda de las multas puestas durante el estado de emergencia, con el fin de que el trabajo de los tribunales no est\u00e9 bloqueado por cientos de miles de apelaciones.<\/p>\n
La Fundaci\u00f3n para la Defensa de los Ciudadanos contra los Abusos del Estado insta a todos los rumanos que crean que han sido multados injustamente que, al menos por ahora, puedan impugnar las multas en los tribunales hasta el 30 de mayo. En total, \u00a1hay m\u00e1s de 300 000 personas!<\/p>\n
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