El proyecto de ley sobre la supresi\u00f3n de la controvertida Secci\u00f3n Especial de Investigaci\u00f3n de Delitos en la Justicia (SIIJ, por sus siglas en rumano) ha sido aprobado en el pleno de la C\u00e1mara de Diputados en Bucarest. La USR, en la oposici\u00f3n, ha afirmado que este documento hace que la justicia vuelva al pasado, hace decenas de a\u00f1os. La mayor\u00eda formada por el PSD, el PNL y la UDMR ha contestado que el proyecto propuesto por el Ministerio de Justicia traer\u00e1 la normalidad al sistema judicial. El documento ha sido aprobado con 205 votos a favor, por parte de los diputados de la coalici\u00f3n gubernamental, y 90 en contra, expresados desde la oposici\u00f3n por la USR, la AUR y el Partido de la Fuerza de Derecha liderado por el exl\u00edder liberal Ludovic Orban, y llegar\u00e1 al Senado para recibir el voto final. En los debates en el pleno, el exministro de Justicia, el diputado de la USR Stelian Ion, ha vuelto a afirmar que, a trav\u00e9s de las medidas aprobadas, en vez de esta secci\u00f3n especial se crea una estructura mucho m\u00e1s nociva y se reduce la competencia de la Direcci\u00f3n Nacional Anticorrupci\u00f3n (DNA, por sus siglas en rumano). \u00c9l ha anunciado que la USR impugnar\u00e1 el proyecto ante el Tribunal Constitucional. Stelian Ion:<\/p>\n
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\u201cEs un intento de aquellos que tienen algo que ocultar, que tienen un gato encerrado, para escaparse de la competencia de la DNA. Es una trampa a trav\u00e9s de la cual la lucha contra la corrupci\u00f3n se ver\u00e1 muy afectada pr\u00f3ximamente.\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n
Del otro lado, la diputada del PNL Cristina Tr\u0103il\u0103 ha afirmado que este proyecto trae la normalidad al sistema judicial, respetando las recomendaciones de los foros internacionales en este sector. Cristina Tr\u0103il\u0103:<\/p>\n
\u201cNo creo que alguien pueda afirmar hoy que un fiscal con experiencia de c\u00f3mo m\u00ednimo 15 a\u00f1os no puede investigar a los magistrados. Adem\u00e1s, es el primer proyecto que tiene el visto bueno del Consejo Superior de la Magistratura, el \u00fanico garante de la independencia de la justicia.\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n
A trav\u00e9s de este proyecto, que ha generado cr\u00edticas en el espacio p\u00fablico, los expedientes sobre los presuntos actos de corrupci\u00f3n de los magistrados ser\u00e1n investigados por la Fiscal\u00eda General y las fiscal\u00edas de los tribunales de apelaci\u00f3n. El n\u00facleo central ser\u00e1 en la Secci\u00f3n de Investigaci\u00f3n penal y criminal\u00edstica de la Fiscal\u00eda General, donde 12 fiscales tendr\u00e1n atribuciones en los expedientes sobre los presuntos actos de corrupci\u00f3n de los magistrados. La DNA, la \u00fanica unidad de la fiscal\u00eda especializada en actos de corrupci\u00f3n, queda excluida del esquema, demanda expresada encareciadamente tanto por el PSD, como por la UDMR. Adem\u00e1s de los 12 fiscales, tendr\u00e1n atribuciones en actos de este tipo 30 fiscales (en parejas) de cada fiscal\u00eda del tribunal de apelaci\u00f3n del pa\u00eds. Los 42 ser\u00e1n propuestos por el fiscal general, en el caso de aquellos de la Fiscal\u00eda General, por los jefes de las fiscal\u00edas de los tribunales de apelaci\u00f3n respectivamente, y ser\u00e1n nombrados por el pleno del Consejo Superior de la Magistratura. Cabe recordar que la Secci\u00f3n Especial de Investigaci\u00f3n de Delitos en la Justicia fue creada en 2018. Entre otros temas, ha sido considerada una posible herramienta para intimidar a los magistrados. En esta secci\u00f3n trabajan 7 fiscales, uno de ellos, con puesto directivo. Su salario es bastante alto: m\u00e1s de 15.000 lei (3.000 euros) al mes y hasta ahora no han encontrado a ning\u00fan magistrado corrupto.<\/p>\n
Versi\u00f3n espa\u00f1ola: Monica Tar\u0103u<\/p>\n
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