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El Gobierno de Ruman\u00eda ha adoptado la ordenanza de urgencia que permite continuar realizando intervenciones telef\u00f3nicas en procesos penales, pero no por el Servicio Rumano de Inteligencia. El documento hab\u00eda recibido el visto bueno del Consejo Supremo de Defensa del Pa\u00eds, durante una reuni\u00f3n extraordinaria convocada por el presidente Klaus Iohannis. La ordenanza ha sido elaborada tras haber decidido el Tribunal Constitucional, el pasado 16 de febrero, que el SRI ya no puede realizar intervenciones en casos penales. As\u00ed, la actividad de los tribunales se habr\u00eda visto gravemente afectada, porque esta decisi\u00f3n habr\u00eda dificultado o incluso interrumpido las investigaciones, seg\u00fan indica la motivaci\u00f3n presentada por los autores del documento. El jefe del Estado ha declarado que en una primera etapa, la ordenanza aportar\u00e1 una soluci\u00f3n legal. Posteriormente, el Parlamento podr\u00eda tener en cuenta otras modalidades legales. Klaus Iohannis: <\/p>\n
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\u201cHay opiniones que indican que la actividad de los tribunales, sin la infraestructura t\u00e9cnica necesaria para aplicar estos m\u00e9todos de vigilancia, se ver\u00eda afectada, tanto desde el punto de vista de la eficiencia del juicio penal, como desde la perspectiva de la administraci\u00f3n completa de pruebas. La ordenanza de urgencia est\u00e1 destinada a este prop\u00f3sito. El CSAT ha dado el visto bueno al proyecto y en este momento la adopci\u00f3n por el Gobierno significar\u00eda una soluci\u00f3n, aunque no definitiva, para un problema que ha venido preocupando a las instituciones del Estado y a la opini\u00f3n p\u00fablica\u201d.<\/em><\/p>\n
Klaus Iohannis tambi\u00e9n ha dicho que la decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional se debe respetar y aplicar en conformidad con la legislaci\u00f3n. Seg\u00fan el jefe del Estado, otro aspecto se refiere a la necesidad de continuar garantizando el marco legislativo para que la justicia cumpla con su deber en los casos de seguridad nacional y de corrupci\u00f3n. Dado que la \u00fanica infraestructura especializada en intervenciones telef\u00f3nicas pertenece al SRI, el Gobierno ten\u00eda que encontrar una soluci\u00f3n para utilizarla, sin ninguna intervenci\u00f3n humana por parte del Servicio y con la participaci\u00f3n exclusiva de los \u00f3rganos de investigaci\u00f3n penal, seg\u00fan ha declarado la ministra de Justicia, Raluca Prun\u0103:<\/p>\n
\u201cContamos con una sola infraestructura que puede facilitar la aplicaci\u00f3n de las \u00f3rdenes de intervenciones telef\u00f3nicas y esta estructura pertenece al SRI. Lo que queremos hacer con esta ordenanza de urgencia es aportar una soluci\u00f3n inmediata que elimine los problemas en el juicio penal realizado por los fiscales\u201d.<\/em><\/p>\n
La ordenanza de urgencia tiene rango de ley, ha destacado Raluca Prun\u0103. Cabe mencionar que los jefes de la DNA y DIICOT han anunciado que las nuevas condiciones requieren aumentar el n\u00famero de empleados y los fondos necesarios para realizar las intervenciones utilizando recursos propios. As\u00ed, el ritmo de los procesos penales podr\u00eda disminuir en los pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n
(traducido por S.Sarbescu )<\/p>\n
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