El Gobierno en Bucarest ha modificado la ley de insolvencia por procedimiento de urgencia. \u201cLas modificaciones en la legislaci\u00f3n pretenden eliminar algunas pr\u00e1cticas abusivas, como las insolvencias fraudulentas con las que se evitaba el pago de obligaciones a los socios y a las arcas del Estado\u201d, ha precisado la primera ministra Viorica D\u0103ncil\u0103. En Ruman\u00eda, m\u00e1s de 6000 empresas con m\u00e1s de 64.000 empleados han declarado la insolvencia. La ordenanza de urgencia prev\u00e9 convertir la deuda de la empresa en acciones. El Estado recibir\u00e1 estas acciones para liquidar las deudas de las respectivas compa\u00f1\u00edas y la Agencia Tributaria aplicar\u00e1 procedimientos claros en este sentido, ha declarado el ministro de Finanzas, Eugen Teodorovici. Seg\u00fan han se\u00f1alado los medios de comunicaci\u00f3n en Bucarest, el \u00e1mbito empresarial ha criticado la medida, destacando que el Estado no tiene nada que ver con las compa\u00f1\u00edas privadas, mientras que los expertos en insolvencia hablan de una nacionalizaci\u00f3n disfrazada. Eugen Teodorovici ha explicado que los cambios en la ley de insolvencia tienen como causa algunas irregularidades en la aplicaci\u00f3n de la antigua legislaci\u00f3n.<\/p>\n
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\u00abEstas irregularidades han hecho que la deuda p\u00fablica total supere los 63.000 millones de lei (unos 13.500 millones de euros) por parte de las compa\u00f1\u00edas en situaci\u00f3n de insolvencia, pero el nivel de recaudaci\u00f3n de la deuda ha alcanzado solo un 6%. A esto se suma lo que significa obligaciones ante las compa\u00f1\u00edas acreedoras que forman parte del sector privado. Debemos aprobar la conversi\u00f3n, la reducci\u00f3n o la cesi\u00f3n de los cr\u00e9ditos presupuestarios, por supuesto en ciertas condiciones, para evitar la quiebra de las empresas con un alto potencial de recuperaci\u00f3n, as\u00ed como otros graves efectos sociales y econ\u00f3micos.\u00bb<\/em><\/p>\n
El ministro de Finanzas tambi\u00e9n ha dicho que, a trav\u00e9s de las nuevas regulaciones, se podr\u00e1n garantizar todas las condiciones necesarias para recuperar y mantener las compa\u00f1\u00edas en el circuito econ\u00f3mico y proteger el dinero p\u00fablico mediante recaudaciones a las arcas del Estado. Entre las principales modificaciones en la ley de insolvencia figuran fomentar la responsabilidad del administrador judicial y la participaci\u00f3n del deudor en la gesti\u00f3n de actividades.<\/p>\n
Adem\u00e1s, las modificaciones se refieren al rechazo de la solicitud de inicio de los tr\u00e1mites si no se env\u00eda una notificaci\u00f3n previa a la Agencia Nacional de Administraci\u00f3n Tributaria. Seg\u00fan los datos publicados en la p\u00e1gina web de la Oficina Nacional del Registro de Comercio, el n\u00famero de sociedades comerciales y personas f\u00edsicas autorizadas en situaci\u00f3n de insolvencia ha bajado casi un 2,5%, en los primeros 8 meses de este a\u00f1o, frente al periodo similar en 2017. La mayor\u00eda de las situaciones de insolvencia para empresas y PFA se han registrado en Bucarest. Seg\u00fan el tipo de actividad comercial, el mayor n\u00famero de situaciones de insolvencia se ha registrado en el comercio al por mayor y menor y la reparaci\u00f3n de coches y motos.<\/p>\n
(versi\u00f3n espa\u00f1ola S. Sarbescu) <\/p>\n
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