La crisis pol\u00edtica sin precedentes de Bucarest no ha agotado sus ecos exteriores. La respetada Comisi\u00f3n de Venecia ha publicado su informe sobre la anulaci\u00f3n de las elecciones presidenciales rumanas por el Tribunal Constitucional a finales del a\u00f1o pasado.<\/p>\n
Las recomendaciones establecen que una decisi\u00f3n de este tipo no debe basarse \u00fanicamente en informaci\u00f3n clasificada, que no garantiza la transparencia necesaria, sino que debe indicar con precisi\u00f3n las violaciones y las pruebas. Adem\u00e1s, el poder del Tribunal Constitucional para invalidar elecciones deber\u00eda limitarse a circunstancias excepcionales y estar claramente regulado. Expertos independientes en derecho constitucional sostienen tambi\u00e9n que probar las violaciones de la ley a trav\u00e9s de campa\u00f1as online y medios sociales es especialmente dif\u00edcil.<\/p>\n
Al final, la Comisi\u00f3n de Venecia declina su competencia para pronunciarse sobre la decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional rumano de anular las elecciones presidenciales. En Bucarest, los partidos de la oposici\u00f3n parlamentaria (AUR, USR y POT) reaccionaron inmediatamente y afirmaron que el \u00f3rgano consultivo del Consejo de Europa confirmaba b\u00e1sicamente que la decisi\u00f3n del Tribunal era ilegal y abusiva.<\/p>\n
Ex ministro de Justicia en un ejecutivo del PSD (a\u00fan hoy en el Gobierno, junto con el PNL y la UDMR), Tudorel Toader dice, sin embargo, que los expertos de Venecia solo emitieron dict\u00e1menes, no una decisi\u00f3n, y que sus sugerencias no son vinculantes. No obstante, reconoce que, por regla general, los Estados miembros de la UE adoptan las directrices que reciben para cumplir las normas del Estado de Derecho.<\/p>\n
Organizada el 24 de noviembre de 2024, la primera vuelta de las elecciones presidenciales fue validada inicialmente por el Tribunal Constitucional, pero m\u00e1s tarde, bas\u00e1ndose en documentos proporcionados por el Consejo Supremo de Defensa, el mismo Tribunal invoc\u00f3 la injerencia de un supuesto actor estatal y decidi\u00f3 anular todo el proceso electoral para la elecci\u00f3n del presidente. A la segunda vuelta, prevista para el 8 de diciembre, iban a concurrir el nacionalista independiente C\u0103lin Georgescu, acusado de conexiones o al menos afinidades con la Rusia putinista, y la l\u00edder del proeuropeo USR, Elena Lasconi. Decenas de miles de rumanos ya hab\u00edan votado en la di\u00e1spora, donde los colegios electorales para la ronda decisiva abrieron el 6 de diciembre, antes de que el Tribunal Constitucional decidiera invalidar el escrutinio.<\/p>\n
Los costes de esas elecciones invalidadas ascender\u00edan a casi 1400 millones de leus (equivalentes a unos 280 millones de euros) en un pa\u00eds en el que, seg\u00fan los analistas, los gobernantes acaban de adoptar duras medidas para frenar el gasto p\u00fablico, lo que ha desatado vehementes protestas laborales.<\/p>\n
El 21 de diciembre expiraba el segundo y \u00faltimo mandato presidencial de cinco a\u00f1os del presidente Klaus Iohannis, pero su permanencia en la presidencia se prorrog\u00f3 hasta la elecci\u00f3n de un nuevo jefe de Estado, que deber\u00e1 validar el Tribunal Constitucional.<\/p>\n
Las nuevas elecciones presidenciales tendr\u00e1n lugar en mayo, con la primera vuelta el 4 de mayo y la decisiva el 18 de mayo. Hasta entonces, las investigaciones sociol\u00f3gicas muestran que la confianza de los rumanos en las instituciones nacionales y en las personas que las controlan ha alcanzado sus niveles m\u00e1s bajos.<\/p>\n
Versi\u00f3n en espa\u00f1ol: Antonio Madrid<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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