En Ruman\u00eda existen varias categor\u00edas profesionales que suelen jubilarse antes de los 50 a\u00f1os y cuya pensi\u00f3n no se calcula exclusivamente -como en el caso de los dem\u00e1s pensionistas- en funci\u00f3n de su cotizaci\u00f3n a la Seguridad Social estatal a lo largo de toda su actividad profesional. En consecuencia, la mayor\u00eda de los rumanos asocian a los magistrados, militares o polic\u00edas con miembros de castas privilegiadas, que son intangibles. Porque a menudo, sobre todo en periodos preelectorales, los aspirantes a diversos cargos del Estado rumano han prometido reformar las leyes en base a las cuales se calculan estas pensiones llamadas \u00abde servicio\u00bb, pero todos ellos -una vez llegados a los cargos en cuesti\u00f3n- han olvidado sus promesas, para decepci\u00f3n de la poblaci\u00f3n, que habla de una desigualdad significativa.<\/p>\n
En este contexto, en la primera parte del a\u00f1o, la Comisi\u00f3n Europea aprob\u00f3 parcialmente los pagos correspondientes a la tercera solicitud de pago del Plan Nacional de Recuperaci\u00f3n y Resiliencia de Ruman\u00eda, pero los suspendi\u00f3 por seis hitos incumplidos, entre ellos la falta de reforma en el caso de las pensiones especiales. Dicho de otro modo, el desbloqueo de 230 millones de euros del PNRR depende de la aprobaci\u00f3n de una nueva ley sobre estas pensiones. La tercera reclamaci\u00f3n de pago del Plan se refiere a reformas e inversiones destinadas a generar un cambio positivo, con especial atenci\u00f3n a la transici\u00f3n ecol\u00f3gica y digital, el transporte sostenible, la renovaci\u00f3n energ\u00e9tica, el entorno empresarial, la movilidad urbana, el turismo y la cultura, la sanidad, las reformas sociales, la buena gobernanza o la educaci\u00f3n.<\/p>\n
El primer ministro Marcel Ciolacu ha declarado que Ruman\u00eda debe reformar la ley sobre las pensiones especiales porque no puede permitirse perder dinero europeo. En consecuencia, la C\u00e1mara de Diputados en Bucarest aprob\u00f3 el mi\u00e9rcoles un proyecto de ley que estipula que los magistrados se jubilar\u00e1n a los 65 a\u00f1os a partir del 1 de enero de 2026, como la mayor\u00eda de los asalariados. En su forma original, el documento preve\u00eda que la edad de jubilaci\u00f3n de los jueces y los fiscales aumentara de forma escalonada hasta 2045, pero los diputados tomaron otra decisi\u00f3n.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la pensi\u00f3n de servicio se calcular\u00e1 sobre la base del 80% de la media de las asignaciones y primas brutas mensuales percibidas durante los \u00faltimos 48 meses de servicio. Sin embargo, la pensi\u00f3n de los fiscales y los jueces ser\u00e1 como m\u00e1ximo igual al salario neto del \u00faltimo mes de servicio, sin tener en cuenta otros ingresos por primas o dinero por vacaciones no disfrutadas. Despu\u00e9s de los diputados, ser\u00e1 el turno de los senadores, cuyo voto ser\u00e1 decisivo en este caso.<\/p>\n
El documento ya est\u00e1 siendo criticado por el Consejo Superior de la Magistratura, que considera que su aplicaci\u00f3n afectar\u00e1 a la independencia del poder judicial. Aunque a\u00fan no es definitivo, parte de la prensa rumana ya habla de una \u00abley hist\u00f3rica\u00bb, mientras que otra parte lo califica de \u00abcortina de humo\u00bb. Los diputados de la oposici\u00f3n advierten de que los problemas de inconstitucionalidad podr\u00edan echar por tierra un proyecto potencialmente bueno.<\/p>\n
Versi\u00f3n en espa\u00f1ol: Monica Tar\u0103u<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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