El Tribunal Constitucional de Ruman\u00eda ha aplazado hasta el 8 de octubre su veredicto sobre la ley relativa a las pensiones de los jueces y fiscales, por la que el Gobierno ha asumido la responsabilidad ante el Parlamento. A principios de septiembre, las Secciones Unidas del Tribunal Superior de Casaci\u00f3n y Justicia decidieron remitir al Tribunal esta ley, que, seg\u00fan afirman, infringe nada menos que 37 decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional y numerosos principios fundamentales del Estado de Derecho.<\/p>\n
Las principales razones de inconstitucionalidad invocadas por los magistrados se refieren a la violaci\u00f3n del principio del Estado de derecho, de la independencia del poder judicial, de la seguridad jur\u00eddica, de la legalidad y la irretroactividad de la ley, de la confianza leg\u00edtima, la creaci\u00f3n de discriminaciones sin justificaci\u00f3n racional y objetiva, as\u00ed como el incumplimiento de obligaciones legales imperativas, como la solicitud del dictamen obligatorio del Consejo Superior de la Magistratura sobre la forma definitiva de la ley. El tema de la modificaci\u00f3n del sistema de jubilaci\u00f3n de los magistrados y la eliminaci\u00f3n de algunos de sus privilegios ha generado debates acalorados en la sociedad rumana y tensiones entre el Consejo Superior de la Magistratura y el Ejecutivo.<\/p>\n
En la sesi\u00f3n plenaria del Parlamento para asumir la responsabilidad sobre los proyectos de ley del segundo paquete de medidas destinadas a reducir el d\u00e9ficit del pa\u00eds, el primer ministro Ilie Bolojan record\u00f3 que los magistrados rumanos se jubilan a los 48-49 a\u00f1os, y que la pensi\u00f3n media en la magistratura supera los 24.000 leus (aproximadamente 4.800 euros). Tambi\u00e9n dijo que muchas pensiones alcanzan incluso los 35.000-40.000 leus (aproximadamente 7.000-8.000 euros), especialmente en el caso de los magistrados que han ocupado cargos de direcci\u00f3n.<\/p>\n
\u00abCon la reforma que proponemos, habr\u00e1 un per\u00edodo transitorio de 10 a\u00f1os, al final del cual la jubilaci\u00f3n de los magistrados se producir\u00e1 a los 65 a\u00f1os, la edad est\u00e1ndar de jubilaci\u00f3n en Ruman\u00eda. La antig\u00fcedad laboral necesaria para jubilarse aumentar\u00e1 de 25 a 35 a\u00f1os, como es el caso del resto de ciudadanos. Hasta ahora, el importe de la pensi\u00f3n era del 100 % del \u00faltimo salario neto, pero hemos limitado este porcentaje al 70 % del salario neto del \u00faltimo mes\u00bb, tambi\u00e9n precis\u00f3 el primer ministro, quien se\u00f1al\u00f3 que, a pesar de esta reducci\u00f3n, las pensiones de los magistrados seguir\u00edan siendo, en cualquier caso, considerables.<\/p>\n
Tambi\u00e9n para el 8 de octubre se aplazaron las denuncias presentadas por la oposici\u00f3n respecto a las tres de las leyes incluidas en el segundo paquete de medidas de equilibrio fiscal y presupuestario. La \u00fanica objeci\u00f3n de inconstitucionalidad que fue rechazada fue la relativa a la ley para la mejora de la eficiencia de algunas autoridades administrativas aut\u00f3nomas, que tiene por objeto la reestructuraci\u00f3n de la Autoridad Nacional de Administraci\u00f3n y Regulaci\u00f3n de las Comunicaciones, la Autoridad Nacional de Regulaci\u00f3n de la Energ\u00eda y la Autoridad de Supervisi\u00f3n Financiera, por lo que el acto normativo es constitucional y puede entrar en vigor.<\/p>\n
Versi\u00f3n en espa\u00f1ol: Monica Tar\u0103u<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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