La decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional de Ruman\u00eda sobre la reforma de las pensiones de los magistrados sigue pendiente, despu\u00e9s de que tampoco el lunes se reuniera el qu\u00f3rum necesario para deliberar. Cuatro de los nueve jueces, propuestos por el PSD, no acudieron a la sesi\u00f3n, los mismos que hab\u00edan abandonado la reuni\u00f3n dos d\u00edas antes.<\/p>\n
La nueva ley sobre las pensiones de los magistrados, para la que el Gobierno de Bolojan asumi\u00f3 la responsabilidad en el Parlamento, reduce las pensiones de jueces y fiscales, eleva la edad de jubilaci\u00f3n y deb\u00eda aplicarse a partir del 1 de enero. En la actualidad, los magistrados pueden retirarse de la actividad incluso a los 48 a\u00f1os, y la pensi\u00f3n puede llegar a ser igual al salario, es decir, un nivel muy elevado en relaci\u00f3n con los ingresos de la poblaci\u00f3n. La nueva ley prev\u00e9 un aumento gradual de la edad de jubilaci\u00f3n hasta los 65 a\u00f1os y establece que la cuant\u00eda de la pensi\u00f3n no pueda superar el 70 % de la retribuci\u00f3n neta cobrada en el \u00faltimo mes de actividad.<\/p>\n
El primer intento del Gobierno de eliminar esta desigualdad social, que ya no puede ser sostenida por la econom\u00eda, seg\u00fan expres\u00f3 el primer ministro Ilie Bolojan, fue rechazado en octubre por el Tribunal Constitucional, a ra\u00edz de una impugnaci\u00f3n presentada por el Alto Tribunal de Casaci\u00f3n y Justicia. El motivo fue que el Gobierno no solicit\u00f3, dentro del plazo previsto por la ley, el dictamen consultivo, pero obligatorio, del Consejo Superior de la Magistratura (CSM).<\/p>\n
Entre tanto, el proyecto recibi\u00f3 un dictamen negativo por parte del CSM, y ante el Tribunal Constitucional se examina ahora otra impugnaci\u00f3n del Alto Tribunal de Casaci\u00f3n y Justicia, que considera que el proyecto discrimina a los magistrados en lo relativo al derecho a pensi\u00f3n y vulnera la independencia de la justicia.<\/p>\n
Los cuatro jueces que no acudieron a las deliberaciones rechazan las acusaciones de boicot y sostienen que su ausencia fue un gesto de car\u00e1cter procedimental, no pol\u00edtico, alegando irregularidades y plazos acelerados. Han pedido aclaraciones adicionales al Gobierno y que se complete la documentaci\u00f3n, concretamente con un estudio de impacto. Sin embargo, explica la presidenta del Tribunal Constitucional, Simina T\u0103n\u0103sescu, la solicitud de un documento de este tipo no constituye el objeto del expediente y, seg\u00fan la jurisprudencia del Tribunal, esos estudios no son un criterio para el an\u00e1lisis de constitucionalidad.<\/p>\n
El aplazamiento por tercera vez de una decisi\u00f3n sobre la reforma de las pensiones de los magistrados ha generado numerosas reacciones pol\u00edticas. El diputado del PSD Adrian C\u00e2ciu cree que el Gobierno deber\u00eda pedir de inmediato al Tribunal que se re\u00fana con car\u00e1cter urgente y adopte una decisi\u00f3n despu\u00e9s del A\u00f1o Nuevo. La diputada del PNL Raluca Turcan afirma que impulsar\u00e1 la modificaci\u00f3n de la ley de funcionamiento del Tribunal Constitucional para introducir sanciones por el boicot injustificado a la adopci\u00f3n de decisiones, mientras que el presidente de la USR, Dominic Fritz, considera que la reforma del Tribunal es una urgencia real y que se impone desvincular a sus miembros de intereses de grupo y de consignas partidistas. El portavoz de AUR, \u0218tef\u0103ni\u021b\u0103 Avr\u0103mescu, declara que, con el aplazamiento decidido por el Tribunal Constitucional, los rumanos son empujados hacia la pobreza, mientras los privilegios de algunos permanecen intactos.<\/p>\n
Versi\u00f3n en espa\u00f1ol: Valeriu Radulian <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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