Retrospectiva de los acontecimientos políticos internos del año 2017
Dos gobiernos, la misma mayoría, una sola obsesión- la justicia
2017 fue el año de la instalación en el poder del gabinete formado por el PSD y la Alianza Liberal Demócrata, encabezado por Sorin Grindeanu, pero también el año en que éste fue desbancado mediante una moción de censura presentada por la misma mayoría para castigar la insumisión política del mismo ante el hombre fuerte del PSD, Liviu Dragnea.
A mediados del año2017, el cargo de Grindeanu fue ocupado por Mihai Tudose. Espero, -decía el presidente Iohannis un año antes a los miembros del gobierno, -que hagan todo lo posible para apoyar la independencia de la justicia en Rumanía. El resultado fue la inauguración del nuevo mandato del Ejecutivo con la célebre ordenanza de urgencia que desincriminaba parcialmente el delito de prevaricación, salvando a muchos políticos del enjuiciamiento penal de los fiscales anticorrupción. En esta situación se encontraba también el propio Liviu Dragnea. Esta ordenanza desató las amplias protestas postcomunistas contra el PSD y a favor de la justicia. La ordenanza fue retirada y su iniciador, Florin Iordache, blanco favorito de los sarcasmos de los manifestantes, dimitió de la dirección del ministerio de Justicia. Sorin Grindeanu fue reemplazado por Mihai Tudose y la batalla por la justicia fue asumida por el legislativo con el mismo Iordache en la primera plana.
Poco antes de las fiestas de Navidad, la mayoría de la coalición PSD- Alianza de Liberales y Demócratas, inmune a las protestas casi diarias adoptó con una sustancial ayuda de la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía, un paquete de leyes con respecto al estatuto de los magistrados, la organización judicial y al Consejo Superior de la Magistratura. Fue el más rápido y controvertido proceso legislativo en la historia del sistema parlamentario rumano mediante el cual el Poder neutralizaría a la Oposición de derecha, pasando por alto los temores expresados por los socios externos de Rumanía y no en último lugar, las críticas formuladas contra las leyes por las más importantes instituciones de este sector de actividad y por las asociaciones de magistrados.
Caso sin precedentes, los jueces de Bucarest y de otros ciudades salieron delante de los tribunales para manifestar su descontento. Las embajadas de siete estados de la UE tampoco ocultaron su preocupación con respecto al riesgo de que las nuevas leyes afectaran la independencia de la justicia y la lucha anticorrupción.
Una parte de este paquete legislativo fue impugnado como inconstitucional por el Alto Tribunal de Casación y Justicia y por el PNL. Las más controvertidas previsiones se relacionan con la responsabilidad de los magistrados en el caso de unos errores judiciales, con la limitación del papel del presidente en nombrar al Fiscal General y a los jefes de las grandes fiscalías y la creación de una sección especial de investigación de los magistrados. A su vez, el Poder defiende estas leyes y declara que ponen orden en el sistema judicial y reducen la posibilidad de que se cometan abusos
Salarios, economía y sistema fiscal
Prometida por el PSD durante la campaña electoral del año 2016, la ley del salario unitario en el sistema público se ha vuelto realidad a mediados de 2017. Promovida por los iniciadores en tanto que modalidad de poner orden en un sistema salarial que ha funcionado caóticamente durante años en el sector presupuestario, dicha ley ha sido criticada por algunos sindicatos por no cumplir con uno de sus objetivos principales, el de eliminar las diferencias de salarios entre los empleados públicos. Dicha ley prevé también aumentos sustanciales de ingresos en el sector público. El riesgo de unos desequilibrios graves al nivel del presupuesto es grande y la solución hallada por los gobernantes la representa la transferencia de la mayor parte de las aportaciones sociales del empleador al empleado. En el más feliz de los casos, los ingresos reales de los empleados públicos sólo subirán en unos cuantos porcentajes, mientras que en el caso de los empleados del medio privado bajarán, si los empleadores no suben los salarios brutos para cubrir la mayoría de las contribuciones. Salvo los gobernantes, todo el mundo, desde los asalariados a los patrones, critica la así llamada revolución fiscal. Incluso los alcaldes se han declarado descontentos porque el nuevo código fiscal prevé reducir el impuesto sobre la renta, lo que disminuría los fondos de los presupuestos locales. El debate en torno al sistema de salarios y a los cambios fiscales coincide con uno aún más amplio con respecto al incremento económico del 6% que hace que Rumanía ocupe un lugar destacado en la UE a este capítulo. Pese a ello, los expertos temen a que un avance económico generado principalmente por el consumo de los produtos de importación sean insano y declaran que necesita ir acompañado de inversiones públicas.
La muerte del Rey Miguel
El pasado 5 de diciembre, el Rey Miguel I, el último soberano de Rumanía falleció en Suiza, a los 96 años de edad. El ataúd con el cuerpo sin vida fue traido al país y enterrado con funerales nacionales el 16 de diciembre en la necrópolis Real de Curtea de Arges, al lado de la Reina Ana, fallecida un año atrás y cerca de sus antepasados, los reyes Carlos I, Fernando y Carlos II. Presenciaron el ceremonial del entierro representantes de las grandes monarquías europeas. Por otra parte, los rumanos han entendido que a la vez con la desaparición del Rey Miguel I las reservas de dignidad de Rumanía han bajado dramáticamente y que su pérdida es irrecuperable.
2017 fue un año complicado. El poder de izquierda gobernó en nombre de la mayoría, en el presente callada, que le votó en 2016, y a la cual siempre invocaría cuando las medidas promovidas, principalmente en el sector de la justicia fuesen impugnadas con vehemencia en la calle por la oposición, la institución presidencial, las instituciones afectadas y por los principales socios externos de Rumanía. Más de una vez, los comentaristas independientes hablaron del modo intransparente, casi abusivo, en que la mayoría política del leguislativo impuso sus propios proyectos. Las invectivas se han transformado en instrumentos legislativos informales. En 2017, el Parlamento fue considerado la más impopular y falta de credibilidad institucion del estado y 2018 parece traer también problemas. Los mismos comentaristas anticipan que después de modificar las leyes de la justicia en aras de un control político sobre el sistema judicial, los representantes del Poder tratarán de cambiar el Código Penal y de Procedimiento,lo que afectará la posibilidad de los magistrados de combatir eficazmente, los delitos. ¿Será 2018 el año de la injusticia en Rumanía? Tal vez no, pero será el primer año de una Rumanía sin Rey.
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