El coronavirus en Rumanía
Casi 15.000 casos de infección y unos 1000 muertos es el balance de la epidemia de COVID-19 en Rumanía. El presidente Klaus Iohannnis ha advertido que la situación no ha mejorado y que la epidemia no ha pasado, pero ha reiterado su anuncio de que, a partir del próximo 15 de mayo, el estado de emergencia, establecido a mediados de marzo, no se extenderá y será reemplazado por el estado de alerta. Los rumanos podrán moverse libremente de nuevo, sin declaraciones bajo propia responsabilidad. Las peluquerías, los consultorios dentales y los museos se reabrirán, pero en condiciones de distanciamiento social y con el uso obligatorio de mascarillas de protección, lo que también se vuelve obligatorio en el transporte público. Las medidas de relajación no se aplican a localidades en cuarentena, como Suceava (noreste), Ţăndărei (sur) y dos barrios en la ciudad de Buzău (sureste).
Multas inconstitucionales
Considerado impopular y antipatizado por muchos, el Tribunal Constitucional rumano sigue siendo un árbitro con decisiones implacables. Tras la notificación enviada por el Defensor del Pueblo, los jueces del CCR han decidido que las multas aplicadas durante el estado de emergencia por incumplimiento de la cuarentena y el aislamiento son inconstitucionales. Sin embargo, no se anulan automáticamente, sino que deben ser impugnadas en los tribunales. El primer ministro liberal, Ludovic Orban, considera que, a través de esta decisión, el Gobierno y las autoridades están impedidas a defender la salud y la vida de los rumanos. El ministro de Finanzas, Florin Cîţu, ha querido precisar que el papel de las multas no era aportar dinero al presupuesto, sino reducir el riesgo de propagación de la epidemia. A su vez, su compañero el ministro del Interior, Marcel Vela, calificaba de obvio el abuso cometido por la policía en algunos casos de los controles de libre circulación. Desde el establecimiento del estado de emergencia, las multas recibidas por los ciudadanos rumanos por incumplimiento de las disposiciones dictadas por las autoridades han alcanzado unos 120 millones de euros.
Tribunal Europeo vs. Tribunal Constitucional
La fiscal Laura Codruţa Kovesi ha ganado la demanda presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado rumano, por la cual impugnaba la decisión de destituirla del cargo de fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción. Su destitución tuvo lugar en 2018, después de que el Tribunal Constitucional obligara al jefe del Estado a firmar el decreto al respecto. El Tribunal Europeo ha decidido por unanimidad que se habían violado los derechos de la señora Kovesi a un juicio justo y a la libertad de expresión y que había sido destituida antes de finalizar su mandato. Recientemente nombrada jefa de la nueva Fiscalía Europea, que combate el fraude con fondos comunitarios, Kovesi ha precisado que no solicitará compensaciones pecuniarias, porque también las pagaría el contribuyente rumano.
La crisis tras la pandemia
La economía de Rumanía se reducirá en un 6% este año, según las previsiones económicas de primavera presentadas por la Comisión Europea. De hecho, toda la Unión Europea pasará por la recesión más profunda de su historia, con una contracción económica récord estimada en un 7,4%. El comisario de especialidad, Paolo Gentiloni, ha declarado que se espera que Rumanía registre un déficit presupuestario de al menos un 8%, una situación en la que la mayoría de los Estados miembros están obligados a apoyar la economía con liquidez y proteger los empleos. Según las previsiones económicas de la Comisión, en Rumanía la inflación alcanzará un 2,5%, este año y aumentará en 2021, y la tasa de desempleo llegará a un 6,5, este año y a un 5,4 % en 2021.
Ayuda fraternal
Este jueves, un convoy de 20 camiones con equipo médico, ofrecido por Rumanía a la República de Moldavia vecina, en su mayoría de habla rumana, ha llegado al destino para apoyar la lucha contra la epidemia de COVID-19. El convoy estuvo acompañado por una delegación oficial, que incluía al ministro de Sanidad, Nelu Tataru, el jefe del Departamento de Situaciones de Urgencia, Raed Arafat, y la secretaria de Estado del Departamento de Relaciones con la República de Moldavia, Ana Guţu. El Ejecutivo rumano ha decidido proporcionar ayuda humanitaria al Estado vecino, por un valor de 3,5 millones de euros, en forma de equipos médicos, medicamentos y aparatos. Rumanía también ha enviado algunas decenas de médicos y enfermeras, que trabajan en hospitales en la República de Moldavia, involucrados en el tratamiento de pacientes infectados por el nuevo coronavirus.
La autonomía en tiempos de pandemia
El Senado rumano ha rechazado, con una mayoría categórica, como cámara de toma de decisiones, el proyecto de ley sobre el llamado País “Székely”, en el centro del país, que iba a convertirse en región autónoma con personalidad jurídica. La propuesta legislativa había sido aprobada inicialmente por la Cámara de los Diputados, por adopción tácita, sin debates, en la forma presentada por los iniciadores de la UDMR. La única zona en Rumanía con población mayoritaria húngara, que incluiría los distritos de Covasna y Harghita y una parte de Mureș, habría tenido una organización administrativa separada, con sus propias instituciones, utilizando el húngaro como el idioma oficial y los símbolos de la nación húngara. La Cámara de los Diputados ha rechazado después el proyecto de Código Administrativo que el Senado había aprobado tácitamente. También iniciado por la UDMR, este permitía el uso del idioma de las minorías nacionales en la administración local y las instituciones públicas en localidades donde tienen una participación de más del 20% de la población, así como enarbolar la bandera “székely” en las instituciones públicas. El presidente Iohannis ha acusado con vehemencia a los opositores socialdemócratas, que controlan ambas cámaras parlamentarias, de complicidad con la UDMR y Budapest. Los líderes del PSD también han tenido una reacción fuerte, y los debates políticos se han acalorado nuevamente, a niveles específicos de un año electoral, marcado por elecciones locales y parlamentarias.
(versión española: Simona Sarbescu)
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