Después de más de tres décadas, Rumanía no ha conseguido esclarecer el episodio más oscuro de su historia poscomunista. Los fiscales abrieron ayer nuevas diligencias en el expediente de la así llamada «Mineriada» que tuvo lugar en 1990 cuando las manifestaciones contra el régimen de izquierdas, instaurado tras la Revolución anticomunista de 1989, fueron violentamente reprimidas por la policía, con la ayuda de mineros convocados desde el Valle de Jiu (suroeste). Los investigadores ya han informado al entonces primer ministro Petre Roman, al ex vice primer ministro Gelu Voican Voiculescu, al ex director del Servicio Rumano de Información, Virgil Măgureanu, al ex asesor ministerial Adrian Sârbu y a otras personas del régimen de la época que son acusadas de crímenes contra la humanidad.
Según la Fiscalía Militar, en junio de 1990, los cuatro lanzaron una política de represión contra la población civil de Bucarest, a consecuencia de la cual cuatro personas fueron asesinadas, dos violadas, se dañó la integridad física y/o psíquica de más de 1.300 personas y más de 1.200 personas fueron privadas ilegalmente de libertad. La Fiscalía precisa que los hechos y el encuadramiento jurídico de los mismos se basan exclusivamente en las pruebas procesadas con posterioridad al 4 de junio de 2021, fecha en la que se devolvió el caso a la Fiscalía y se anularon todas las pruebas procesadas con anterioridad.
El 20 de mayo de 1990, cinco meses después de la caída de la dictadura comunista de Nicolae Ceauşescu, Ion Iliescu, su antiguo ministro en los años setenta, percibido como líder de la Revolución, había ganado las primeras elecciones presidenciales libres con casi un 85 % de los votos. Su partido, una mezcla variopinta de auténticos revolucionarios y comunistas de segunda fila, había alcanzado a su vez dos tercios de los escaños del Parlamento.
La plaza de la Universidad, ocupada por los estudiantes desde abril y proclamada «zona libre de neocomunismo», ya se había vaciado cuando los manifestantes aceptaron el veredicto de las urnas. Solo quedaban unas decenas de personas en huelga de hambre que parecían incapaces de continuar su vida fuera de la plaza.
Su evacuación por la policía la noche del 13 de junio se llevó a cabo con una fuerza desproporcionada, evocando la represión de los días de la Revolución. Hoy día, sigue sin estar claro si quienes reaccionaron al día siguiente luchando en las calles con la policía y ocupando las sedes del Ministerio del Interior y la Televisión Pública tenían realmente alguna relación con la Plaza. Iliescu y los suyos los calificaron de «legionarios» (ultraderechistas de entreguerras) y, aunque el ejército ya había restablecido el orden, llamaron a la población a salvar la «democracia en peligro».
Los mineros del Valle de Jiu respondieron a su llamada. Durante solo dos días, del 14 al 15 de junio, tomaron las riendas de la capital, sustituyendo a toda autoridad legal. Suficiente para dejar tras de sí miles de personas traumatizadas. La Universidad profanada, las sedes de los partidos de la oposición y los periódicos independientes devastados completan el cuadro de la invasión de los mineros que empañó la imagen de un país que acababa de recuperar su prestigio internacional tras la Revolución de 1989.
Versión en español: Victoria Sepciu