El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado su informe sobre la situación de los derechos humanos en Rumanía en 2023. Entre los problemas detectados figuran informes creíbles de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes infligidos por el gobierno o en su nombre y de grave corrupción gubernamental.
El Ejecutivo ha tomado medidas para identificar y castigar a los funcionarios que puedan haber cometido abusos contra los derechos humanos, pero en algunos casos la actuación ha sido insuficiente y la impunidad ha constituido un problema. Por otro lado, la ineficacia y la falta de rendición de cuentas en la supervisión judicial han socavado en ocasiones la independencia e imparcialidad del poder judicial.
El documento se refiere a una juez del Tribunal de Apelación de Cluj (noroeste) que, en noviembre de 2023, denunció a los familiares del alcalde de Baia Mare, Cătălin Cherecheș, por intentar sobornarla con 50 000 euros a cambio de la absolución del alcalde por cargos de corrupción. A pesar de ser ella quien denunció a Cherecheș, siguió formando parte del panel de jueces que finalmente condenó al alcalde por corrupción, tras afirmar que se mantenía imparcial.
El informe también menciona el caso de la periodista Emilia Șercan, que denunció amenazas e intentos de chantaje tras publicar en 2022 una investigación sobre el presunto plagio cometido por Nicolae Ciucă, primer ministro de Rumanía en el momento de la publicación. Șercan afirmó haber sido víctima de una documentada «campaña de desprestigio orquestada por el gobierno», pero en octubre la fiscalía del Tribunal de Apelación de Bucarest archivó la investigación.
Otra cuestión planteada por Washington se refiere a los frecuentes sobornos en el sector público, especialmente en el sistema sanitario. La corrupción y la malversación de fondos públicos estaban muy extendidas, según el informe, y cita información de Transparencia Internacional, que observó altos niveles de corrupción en las aduanas y dentro de las unidades de policía. Los medios de comunicación también informaron de que, a lo largo del año, la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) investigó más de 50 casos relacionados con la corrupción en el sistema sanitario.
Según el documento, también se plantean cuestiones de Derecho laboral. En los últimos años, las empresas han creado a menudo entidades jurídicas separadas para trasladar a los empleados, evitando así los umbrales de representación. Es básicamente una maniobra antisindical.
Por último, pero no por ello menos importante, los autores del informe también hablan de casos en los que las autoridades no han aplicado eficazmente la ley sobre violencia doméstica. Entre las causas mencionadas está la falta de procedimientos para la aplicación efectiva de las órdenes de alejamiento. Además, los tribunales se ocuparon de muy pocos casos de violencia doméstica. El documento también hace referencia a un ejemplo de discriminación étnica en el hospital Urziceni (sur), donde el personal se negó a prestar atención médica de urgencia a una mujer romaní embarazada que dio a luz en la acera.
Versión en español: Antonio Madrid