Agenda complicada en el Parlamento
Los proyectos de ley sobre el abuso en funciones y las pensiones especiales, en la Cámara de Diputados en Bucarest.
Roxana Vasile, 03.04.2023, 13:47
Esta semana se anuncian debates acalorados en el Parlamento de Rumanía. Dos proyectos de ley, sobre el abuso en funciones y las pensiones especiales, llegaron a la mesa de trabajo de los diputados a la espera de recibir su visto bueno. Uno de ellos, previsible, en teoría, al tener en cuenta la mayoría cómoda que tiene la coalición en el poder, formada por el Partido Nacional Liberal (PNL), el Partido Social Demócrata (PSD) y la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (UDMR, por sus siglas en rumano). En ambos proyectos, la Cámara de Diputados es órgano decisorio.
El proyecto de ley sobre el abuso en funciones será aprobado con el umbral de 9.000 leus (1.800 euros), a partir del cual se considera abuso en funciones y conlleva pena de prisión el delito cometido por un funcionario público, según ha asegurado el líder del PSD, Marcel Ciolacu. Éste considera que el ministro de Justicia, Cătălin Predoiu, debería haber asumido este límite de valor de 9.000 leus desde que se formuló la versión inicial del documento, sin el cual el proyecto se aprobó en el Senado con un umbral mucho más elevado, de 250.000 leus. Marcel Ciolacu:
«Estoy firmemente convencido de que, junto con mis compañeros del PSD, del PNL y de la UDMR, el miércoles esta ley se irá de la Cámara de Diputados para ser promulgada con 9.000 leus, umbral propuesto por el ministro de Justicia».
La USR, en la oposición, ha criticado duramente la versión aprobada por los senadores, con el visto bueno del PSD, el PNL y la UDMR. Stelian Ion:
«La decisión del Tribunal Constitucional imponía un umbral, pero este umbral era de sentido común, un umbral razonable al nivel del salario mínimo de la economía».
También a pesar de las protestas de la oposición, la Cámara de Diputados ha recibido del Senado el proyecto de ley de reforma de las pensiones especiales pagadas por el Estado. Según se menciona en las nuevas normas apoyadas por los parlamentarios en el poder, ninguna pensión especial podrá superar los ingresos recibidos durante el período de actividad, se prohíbe acumular pensiones especiales y se introduce un impuesto de hasta un 15 % en la parte no contributiva. La oposición tacha esta reforma de insuficiente y solicita que se aplique el sistema de contributividad a todas las pensiones, independientemente del sector de actividad. Actualmente, casi 200.000 personas se benefician de pensiones especiales, la mayoría de ellas, más de 170.000, procedentes del ámbito de la Defensa y el orden público. Pero son los exmagistrados, jueces y fiscales quienes reciben las mayores pensiones especiales, que pueden alcanzar aproximadamente 18.000 leus al mes (unos 3.600 euros), es decir, 10 veces más que una pensión media normal. La reforma del sistema de pensiones especiales es una de las demandas recogidas en el PNRR, de las que depende la autorización de casi 3 billones de euros procedentes de fondos europeos.
Finalmente, esta semana, en la agenda del Parlamento en Bucarest podrían encontrarse también los nuevos proyectos de ley sobre la educación, que se basan en el proyecto «Rumanía educada» del presidente Klaus Iohannis. Estos proyectos tendrían por objetivo luchar contra el abandono escolar y el analfabetismo funcional, colocar al estudiante en el centro del proceso educativo y apoyar la cooperación europea de las universidades en Rumanía. La oposición critica estos proyectos de ley, al considerar que tienen carencias y generan desequilibrio.
Traducción al español: Monica Tarău
