Anticorrupción abre diligencias contra políticos importantes
Los diputados rumanos han aprobado el seguimiento penal de uno de los nueve ministros sospechosos de graves irregularidades en el expediente Microsoft.
Roxana Vasile, 14.10.2014, 16:58
Con los motores al máximo, la Dirección Nacional Anticorrupción continúa las investigaciones en el sonado caso Microsoft. Los fiscales pueden iniciar el seguimiento penal del diputado demócrata liberal Valerian Vreme, después de aprobar, el pasado lunes, la Cámara de los Diputados, con 153 votos a favor y 110 en contra, la solicitud de éstos. Exministro de Telecomunicaciones entre los años 2010 y 2012, hoy en la oposición, Valerian Vreme es sospechoso de prevaricación, en el caso de grandes proporciones relativo a la adquisición dudosa de licencias Microsoft.
Conforme con la Dirección Nacional Anticorrupción, durante su mandato de ministro se habría cerrado un contrato de compra de más de 179.000 licencias destinadas a las escuelas de Rumanía, con casi 73.000 por encima del número de ordenadores compatibles existentes entonces. Dicho contrato hubiese causado al Estado pérdidas de más de 5 millones de euros. Considerándose víctima de unas acusaciones injustas, Valerian Vreme negó las acusaciones desde la tribuna de la Cámara de los Diputados, y precisó que todos los documentos que había firmado contaron con asistencia jurídica por parte de los departamentos de especialidad, del apoyo técnico de fundamentación y de todos los avisos necesarios.
Queda ahora por convencer también a los fiscales anticorrupción de su inocencia, igual que otros ocho exministros que integraron varios partidos y gobiernos entre los años 2001 y 2012, tanto de izquierda como de derecha, cuyos nombres figuran también en el expediente Microsoft. Con respecto a éstos planean sospechas de tráfico de influencia, blanqueo de dinero, prevaricación y pago de sobornos. En el contexto en que, en Rumanía el salario mínimo por economía equivale a menos de 200 euros, algunos ministros habrían recibido comisiones en el caso de otro contrato entre el Gobierno de Bucarest y Fujitsu Siemens Computers, compañía que al presentarse en el momento de la firma del documento como único distribuidor de licencias Microsoft habría estado favorecida y los productos que ésta comercializaba harían sido sobrefacturados.
Conforme con la Dirección Nacional Anticorrupción, de los 54 millones de dólares pagados por el Ejecutivo, 20 millones habrían representado comisiones solicitadas por las personas implicadas en el contrato, incluso de varios ministerios. El presidente Traian Basescu ha autorizado ya a la Dirección Nacional Anticorrupción a iniciar el seguimiento penal en contra de cinco de de los nueve ministros. El Senado de Bucarest se pronunciará en el caso de otros dos y el Parlamento Europeo ha de iniciar una acción similar en Bruselas contra un actual diputado.
