¿Cómo debería hacerse la descentralización?
La Ley de Descentralización ha sido declarada inconstitucional. El Tribunal Constitucional de Rumanía ha explicado que las regulaciones sobre la transferencia de competencias desde la administración central a la administración local en varios sectores no
Leyla Cheamil, 14.02.2014, 17:03
Artículos ambiguos, problemas de técnica legislativa y regulaciones contradictorias. Estos han sido algunos de los argumentos invocados por el Tribunal Constitucional de Rumanía al declarar inconstitucional la Ley de Descentralización. El proyecto de Ley de Descentralización, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2013, era considerado una etapa previa a la regionalización administrativa. Desde entonces, la regionalización se ha anunciado como uno de los proyectos más complejos de la época postcomunista en Rumanía. La descentralización se refiere a algunos sectores clave, como agricultura, educación, cultura, sanidad, turismo, deportes y juventud.
Al mismo tiempo, la Policía, la Agencia de Prestaciones Sociales, las salas de cine y los puertos habrían formado parte de las estructuras centrales. Según precisaba el año pasado el viceprimer ministro socialdemócrata Liviu Dragnea, las instituciones directamente administradas o financiadas por el poder central iban a pasar a los consejos locales, manteniendo el mismo nivel salarial de los funcionarios. Rechazando el proyecto de Ley de Descentralización, la oposición demócrata liberal lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, invocando la violación del artículo que estipula la unidad del estado rumano y la aprobación de la transferencia de propiedad entre las unidades administrativas territoriales sin la decisión del Gobierno. Al mismo tiempo, el Partido Demócrata Liberal sostiene que la adopción por procedimiento de urgencia de la Ley de Descentralización no es constitucional.
En la motivación del Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucional esta ley, figuran las numerosas ambigüedades, los plazos demasiado cortos y, además, la inexistencia de los estudios de impacto. Según señalan los jueces, tampoco existen regulaciones claras sobre el modo en que se gestionan los fondos de las instituciones descentralizadas. En cuanto al capítulo de “Agricultura y desarrollo rural”, el Tribunal Constitucional destaca la ambigüedad de las medidas destinadas a descentralizar el desarrollo rural. Como consecuencia de la reorganización de los departamentos locales de agricultura y del departamento central de Bucarest, la descentralización se refiere solo a estas estructuras y no a su función inicial de desarrollo rural, que ahora es una atribución del Ministerio de Agricultura. En cuanto al turismo, no se establece cuáles son las instituciones que deben gestionar la actividad de las pensiones, de los hoteles y de los servicios de alimentación y alojamiento de las unidades administrativas locales y de los complejos turísticos.
