Conclusiones del último informe del Mecanismo de Cooperación y Verificación
Tras la publicación de un nuevo informe del Mecanismo de Cooperación y Verificación, el Gobierno rumano renueva el compromiso de dar seguimiento a la reforma judicial y enmendar los cambios realizados entre 2017 y 2019.
Roxana Vasile, 09.06.2021, 13:46
La Comisión Europea observa una evolución positiva en la reforma del poder judicial y en la lucha contra la corrupción en Rumanía, pero anuncia que seguirá de cerca la evolución de la situación hasta que se cumplan todos los objetivos. La Comisión ha publicado, este martes, el informe sobre los avances realizados por las autoridades rumanas en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV) en vigor desde la entrada de Rumanía en la UE, en 2007, y cuyo propósito es, precisamente, señalar posibles fallos y proponer soluciones en el ámbito de la justicia. Sin embargo, la Comisión recibe con satisfacción el hecho de que, este año, se haya vuelto a dar un empuje a la reforma y a las correcciones de los retrocesos de entre 2017 y 2019. Así, tal y como dice el Ejecutivo comunitario, se ha avanzado en todas las recomendaciones del MCV que todavía no se han implementado. Además, muchas de ellas están a punto de cumplirse si se sigue manteniendo este ritmo. A ojos de la Comisión, Rumanía debe continuar trabajando en siete recomendaciones de 2018 y diez recomendaciones de 2017. Critican el nombramiento, a principios del año pasado, del fiscal general del país y del fiscal jefe de la Dirección de Investigación de Infracciones de Criminalidad Organizada y Terrorismo (DIICOT), pese a la posición contraria del Consejo Superior de la Magistratura (CSM). El CSM también recibe críticas, entre otros, por su posición ambigua en relación con la supresión de la Sección de Investigación de Delitos en la Justicia, cuya existencia y funcionamiento se consideran preocupantes en Bruselas. Precisamente, el día de la publicación del nuevo informe del MCV por parte de la Comisión Europea, en Bucarest, el Tribunal Constitucional ha ratificado, aun así, su decisión según la cual esta sección especial para magistrados es constitucional y solo puede ser derogada por el Parlamento, en virtud de una nueva ley. El ministro de Justicia, Stelian Ion, ha prometido que se encontrarán soluciones:
«No podemos esperar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva nuestros problemas internos. Se nos ha dado toda la libertad para hacerlo. Asimismo, tampoco podemos esperar que la solución a estos problemas venga tan solo del Poder Judicial. Es muy importante que desde la política encontremos una solución para suprimir con celeridad esta Sección de Investigación de Delitos en la Justicia y sigo considerando que el proyecto del Gobierno es la correcta, por lo que intentaré convencer a mis compañeros parlamentarios de que apuesten por esta solución. Es muy importante que consigamos eliminar esta sección, que, incluso en este informe, ha recibido críticas.»
En cuanto a la lucha contra la corrupción, la Comisión Europea destaca que el nombramiento de un nuevo responsable de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) ha favorecido la estabilidad institucional. La situación ha mejorado en comparación con 2019, aunque la DNA se enfrenta a una serie de desafíos, entre los cuales está la escasez de personal, en opinión de la Comisión.
Versión en español: Víctor Peña Irles
