Controversias sobre el sistema de salarios
Uno de los grandes sindicatos de Rumanía, Cartel Alfa, ha solicitado la dimisión de la ministra de Trabajo, Lia Olguţa Vasilescu, a la que acusan de mentir y desinformar acerca de los efectos de la transferencia de las contribuciones sociales al empleado.
Ştefan Stoica, 02.11.2017, 14:25
Para el 2018 el Gobierno tiene previstos dos proyectos revolucionarios destinados a los salarios de los empleados públicos y la modificación del Código Fiscal. Los empleados creen que el Ejecutivo de izquierda, formado por el PSD y la ALDE, no ha preparado suficientemente la aplicación de estas medidas. Estos días han aparecido graves tensiones, que han afectado el diálogo social entre el Gobierno y los sindicatos. El oponente más fuerte ha sido el líder de Cartel Alfa, Bogdan Hossu, que ha advertido sobre las deficiencias en el proyecto de modificación del Código Fiscal, que prevé pasar las contribuciones del empleador al empleado. De esta forma, unos 2 millones de empleados podrían ver reducido su salario neto. Cartel Alfa ha solicitado la dimisión de la ministra de Trabajo, Lia Olguţa Vasilescu, a la que han acusado de utilizar la mentira y la desinformación en sus declaraciones sobre los salarios y las contribuciones sociales que pasarán al empleado. Según cree la organización sindical, Olguţa Vasilescu ha elaborado una de las peores leyes de salarios públicos, ya que no solo no soluciona la injusticia y la desigualdad en el sistema presupuestario, sino que las amplía. La ministra Olguţa Vasilescu ha tenido una reacción irónica, y ha recomendado a los sindicatos que aprendan matemáticas. También ha asegurado que las nuevas medidas fiscales no reducirán los salarios, y ha criticado al líder de Cartel Alfa, Bogdan Hossu. Lia Olguţa Vasilescu:
“El señor Hossu, como hace siempre, ha interpretado mal nuestras declaraciones. También lo hizo ayer con los representantes de las patronales. En el momento en que el primer ministro preguntó a los representantes de las patronales si tienen previsto recortar los salarios en el ámbito económico, todos contestaron que no.”
Otra organización sindical importante, BNS, ha advertido que no hay garantías de que se mantenga el salario neto en el mismo nivel que antes de la transferencia de las contribuciones, ya que nada obliga a los empleadores a aumentar el salario bruto con el equivalente de las contribuciones sociales. Las patronales no quieren implicarse en el conflicto abierto entre el Gobierno y los sindicatos. Pero, bloquear el diálogo social no representa ninguna solución y los empresarios han pedido al Ejecutivo que reflexione y que no adopte medidas no justificadas, cuyos posibles efectos no han sido suficientemente evaluados. Dragoş Anastasiu, representante de la asociación patronal Coalición para el Desarrollo de Rumanía:
“Hay que empezar un diálogo real y tomar un tiempo, 3 o 4 meses o lo que sea, para analizar, para elaborar un estudio sobre posibles efectos, para alcanzar el consenso. Tenemos un crecimiento económico y no hay razones para apresurarse”.
La Coalición para el Desarrollo de Rumanía ha declarado que el entorno empresarial no ha solicitado la transferencia de las contribuciones sociales del empleador el empleado. Es más, sus representantes creen que la medida podría aumentar el salario bruto, lo que haría de Rumanía un país menos competitivo que otros países.
