Controversias sobre la ley de dación en pago
El Parlamento de Bucarest ha adoptado la ley de dación en pago. Las nuevas normas permiten el cierre de los créditos hipotecarios cediendo la vivienda al banco y se aplicarán únicamente en el caso de los préstamos que, en el momento en que se concedieron,
Mihai Pelin, 14.04.2016, 16:53
La Cámara de los Diputados de Bucarest, el foro de decisión en este caso, ha adoptado la ley de dación en pago. Según el acto normativo, las personas que tienen créditos y ya no pueden pagarlos, pueden ceder la vivienda al banco sin tener que pagar otras deudas. La ley se aplicará en el caso de las personas que han contratado un préstamo para comprar o construir una vivienda, así como en el caso de aquellos que han utilizado una vivienda como garantía de un crédito.
Tras la revisión solicitada por el jefe del Estado, Klaus Iohannis, se ha decidido también aplicar la norma únicamente para los créditos que, cuando se concedieron, no superaban el equivalente a 250.000 euros. La principal modificación frente al proyecto inicial es la de exceptuar el programa “Primera casa”, que facilitaba el acceso de la población a los créditos hipotecarios. Los bancos dejarán de ser tan inflexibles tras la puesta en marcha de la controvertida ley y tendrán que llegar a acuerdos con los clientes, según han destacado los representantes de las personas que contrataron créditos en divisas.
Sin embargo, han afirmado que no esperan que los bancos se apresuren en aplicar la ley de dación en pago. Según uno de los iniciadores del proyecto, el diputado liberal Daniel Zamfir, la ley no fue pensada en contra del sistema bancario, sino que se propone crear un equilibrio entre los clientes y el banco. Zamfir ha destacado que aquellos que tienen deudas no son sólo personas procedentes de las categorías desfavorecidas, sino también ciudadanos activos que incluso tienen varios trabajos, pero debido a las cláusulas abusivas ya no pueden pagar los préstamos al banco. En la ley está mencionada claramente la categoría de personas que se beneficiarán de la dación en pago, según ha explicado Daniel Zamfir:
“Se beneficiarán únicamente las personas físicas que representan consumidores, y no las personas físicas que han obtenido los créditos para desarrollar negocios. De la ley se beneficiarán también aquellos que fueron ya ejecutados forzosamente.”
En cambio, no se beneficiarán de ella las personas condenadas tras una decisión definitiva por delitos relacionados con el respectivo crédito. Todos los grupos parlamentarios han expresado su apoyo a esta ley, subrayando que de sus normas se beneficiará la mayoría de aquellos que han obtenido créditos hipotecarios.
En cambio, los banqueros han advertido que la ley es retroactiva e inconstitucional, y su aplicación en la cartera de los créditos activos viola el principio constitucional de la irretroactividad de la ley, lo que podría poner a Rumanía en una posición desfavorable y conllevar el crecimiento de los costes de financiación. Los cálculos del Banco Nacional de Rumanía han mostrado que la aplicación de la ley supone una pérdida de 2.800 millones de lei (626 millones de euros), mientras que 97.500 hipotecas se han desvalorizado mucho durante la crisis y se calificarían ahora mediante la dación en pago.
(Mihai)
