De las condenas a la recuperación del perjuicio
El Estado rumano debe recuperar 1000 millones de euros sólo a raíz de los fallos dados en los casos investigados por la Dirección Nacional Anticorrupción, ha declarado la fiscal jefe de esta institución, Laura Codruta Kovesi.
Leyla Cheamil, 07.03.2018, 14:37
En un período caracterizado tanto en Bucarest, como en Bruselas, por discusiones sobre la situación de la justicia rumana, la fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruta Kovesi, presentó la semana pasada el informe de actividad para el año 2017 de la institución que ella dirige desde el año 2013.
2017 fue un año difícil para la lucha anticorrupción, fuertemente impugnada y puesta en tela de juicio, declaró Kovesi. Pese a ello, los fiscales anticorrupción solucionaron más de 3800 casos, lo que representa un récord desde la creación de esta institución, y recuperaron bienes por un valor de más de 200 millones de euros.
Este martes, con motivo de un debate sobre la recuperación de los perjuicios, Laura Codruta Kovesi, ha declarado que el Estado debe recuperar 1000 millones de euros de las incautaciones sentenciadas en los expedientes investigados por la DNA. En opinión de Kovesi, desde el año 2013, los bienes incautados por la Dirección Nacional Anticorrupción han superado el valor de 2000 millones de euros. En el presente tenemos que verificar si las sentencias del tribunal se cumplen o no, ha añadido Kovesi:
“Existen más de 990 sentencias judiciales en los casos investigados por la DNA en que se dispuso confiscar más de 1000 millones de euros. Estas sentencias son definitivas y se tienen que respetar porque tienen fuerza de ley. Luego, las sentencias se envían al Ministerio de Finanzas y a las instituciones encargadas de ponerlas en ejecución. Estas instituciones deben comunicarnos si identifican problemas en la ejecución de las sentencias, en este caso, en la venta de los edificios incautados.”
Laura Codruta Kovesi ha añadido que muchas de las personas investigadas prefieren esconder sus bienes en el extranjero y ha mencionado que en el marco de la institución funciona un departamento de investigaciones financieras que se ocupa de este asunto. Kovesi ha subrayado que el año 2016 fue el primero en que la DNA decomisó bienes que se encontraban escondidos en el territorio de otros Estados y bloqueó cuentas abiertas en Chipre, Alemania y Suiza. Por otra parte, el titular de Finanzas, Eugen Teodorovici, ha asegurado que las autoridades cumplirán con su deber:
“Las decisiones relacionadas con el sistema fiscal se aplicarán. No creo que haya alguien en la Agencia Nacional de Administración Fiscal que no ponga en ejecución una sentencia del tribunal. Estoy convencido de que han sido iniciados ya los procedimientos de recuperación de los perjuicios.”
El titular de Finanzas ha anunciado también que pronto presentará un informe sobre el tema de la recuperación de los perjuicios.
A su vez, el gerente de la Dirección Operativa de Ejecución Forzada perteneciente a la Agencia Nacional de Administración Fiscal, Avram Toni, ha declarado que de los 20.000 expedientes de ejecución forzada se ocupan 80 empleados. Pese a ello, ha subrayado Toni, desde la creación de la institución en 2016, han sido recuperados más de 400 millones de lei, esto es 86 millones de euros de la valoración de bienes.
