Debates en el Parlamento sobre el certificado verde
El proyecto de ley que introduce la obligación de presentar el certificado verde a la hora de acceder al puesto de trabajo todavía está siendo debatido por la Cámara de Diputados en Rumanía.
Ştefan Stoica, 17.11.2021, 19:05
Siete millones de rumanos han recibido, hasta ahora, la pauta completa de vacunación contra el coronavirus. Es poco, en comparación con la media de los Estados de la UE y con el objetivo inicial, probablemente olvidado, de las autoridades, que habían propuesto la vacunación de 10 millones de rumanos antes del 1 de septiembre. El lento ritmo de vacunación y la relajación prematura durante el verano han expuesto a Rumanía a la cuarta ola con efectos devastadores: miles de infecciones y cientos de muertes diarias. Cuando la situación corría el riesgo de salirse de control, las autoridades han vuelto a introducir restricciones dirigidas en particular a las personas no vacunadas. El miedo a enfermarse, pero sobre todo la imposibilidad de ir al centro comercial y al restaurante, donde el acceso solo está permitido con el certificado verde, ha llevado a muchos rumanos escépticos de las vacunas a dirigirse a los centros de inmunización, y, así, la campaña de vacunación ha sido resucitada.
Contribuyó a su dinamización también la introducción en el Parlamento de una ley que regulaba el uso del certificado verde en el ámbito laboral siguiendo el modelo de Estados como Italia, Francia o Grecia, que lo imponían a algunas categorías de asalariados o incluso a todos los empleados como es el caso de la fórmula radical adoptada en Italia. En Bucarest, el proyecto fue rechazado en el Senado, y el efecto se reflejó en la campaña de vacunación que ha recaído en la apatía. Los políticos se comprometieron, entonces, a aprobar la ley en la Cámara de Diputados, el órgano decisor en este caso, en una forma purgada de cualquier posible discriminación, invocada por la oposición socialdemócrata y ultranacionalista cuando votaron en contra en el Senado. En la Cámara, las cosas se están alargando, y las enmiendas al proyecto de ley que introduce el requisito del certificado verde en el puesto de trabajo se extienden a lo largo de casi 40 páginas. El presidente de la Comisión de Sanidad, el exministro liberal de Salud Nelu Tataru, admitió que la demora en la introducción de la ley tiene un impacto negativo en la tasa de vacunación. En comparación con el PSD, que desea incluir un período de gracia de dos meses para los empleados no vacunados, con pruebas gratuitas del personal durante este período, el PNL pide que el plazo se limite a 30 días. Los liberales, por otro lado, consideran inaceptable la propuesta de la AUR sobre la aceptación de pruebas de anticuerpos, citando su irrelevancia científica. El PNL también ha propuesto que los empleados que se nieguen a vacunarse y se enfermen de COVID-19 paguen con su propio dinero la eventual hospitalización. El socialdemócrata Alexandru Rafila, representante de Rumanía ante la OMS, respondió, sin embargo, que la medida acentuaría los problemas relacionados con la presentación tardía en el hospital de los infectados, dado que hay que animarlos a hacerlo rápidamente, desde los primeros síntomas. La USR pidió la aceleración de los debates y la extensión de las disposiciones para los legisladores y las personas que ocupan cargos públicos. Con un porcentaje más bajo de población vacunada, pero mejor Rumanía, Austria ha impuesto cuarentena a las personas no vacunadas. Aunque ya se enfrentan a lo que los especialistas consideran la quinta ola de la pandemia, en países occidentales donde la proporción de vacunados ha superado el 80 %, como ocurre en Francia, Países Bajos o Reino Unido, el número de fallecidos es muy bajo.
Versión en español: Victoria Sepciu
