Debates sobre la amnistía y la modificación de los Códigos Penales
Aunque en Rumanía ha vuelto el frío extremo, el invierno se anuncia caliente, ya que las iniciativas del nuevo Ejecutivo se han visto duramente criticadas.
Bogdan Matei, 19.01.2017, 15:18
Miles de personas han salido a la calle este miércoles en Bucarest y en otras grandes ciudades, para protestar contra la iniciativa del nuevo Gobierno de amnistiar a algunas personas con condena penal y de modificar los Códigos Penales. «Queremos justicia, no corrupción, democracia, no amnistía», ha sido el lema de los manifestantes, que han denunciado de manera explícita la intención de los políticos de liberar de la cárcel a sus compañeros de partido, amigos o familiares. Anteriormente, las informaciones enviadas al espacio público, según las cuales el Gabinete iba a adoptar sin ningún debate público las ordenanzas, habían hecho que el presidente Klaus Iohannis acudiera a la sede del Gobierno para presidir la reunión del equipo ejecutivo encabezado por Sorin Grindeanu. El jefe del Estado había expresado su oposición categórica ante estas modificaciones, sobre las que ha opinado que pueden blanquear expedientes.
Los proyectos de ordenanzas de urgencia, que han sido ya publicados en la página web del Ministerio de Justicia y enviados a las principales instituciones involucradas, prevén la amnistía de las penas de cárcel de hasta 5 años. Además, se podría reducir a la mitad el periodo de detención para adultos mayores de 60 años, las personas con niños de hasta 5 años a cargo y para las mujeres embarazadas. La condición obligatoria sería pagar, en un plazo máximo de 12 meses después de la puesta en libertad, las compensaciones establecidas por el tribunal. No se beneficiarán de amnistía o indulto las personas con condenas múltiples, con penas de cárcel por delitos cometidos con violencia, delitos contra la seguridad del Estado y de alta corrupción. La ordenanza que pretende cambiar los Códigos Penales estipula que el denunciante no estará exento de responsabilidad penal, si no presenta la denuncia en un plazo máximo de 6 meses después de los hechos. Además, el abuso de poder será considerado un delito solo si el daño causado supera los 200.000 lei (unos 50.000 euros). El ministro socialdemócrata de Justicia, Florin Iordache, cree que las modificaciones son necesarias para solucionar el problema de la extrema aglomeración de las cárceles, donde hay casi 9000 presos más que los espacios de detención, y para respetar las decisiones del Tribunal Constitucional. Según ha recordado el ministro, Rumanía ha sido ya condenada por el CEDO, por malos tratos y por lo que el Tribunal de Derechos Humanos ha llamado ”condiciones inhumanas” en las prisiones. De la Ley de Indulto, ha dicho Iordache, se beneficiarán unas 2.500 personas. En cambio, el fiscal general de Rumanía, Augustin Lazăr, ha declarado su firme oposición contra este tipo de actos de clemencia. También ha denunciado la falta de transparencia del proyecto del Gobierno y ha dicho que las propuestas se deben analizar en el Consejo Superior de la Magistratura. Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremo, Cristina Tarcea, ha advertido que las modificaciones podrían generar caos en la justicia y ha puesto en tela de juicio las competencias jurídicas de los miembros del Gobierno.
(trad S. Sarbescu)
