Decisiones del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional se pronunció el pasado miércoles en referencia a algunas solicitudes en varios campos.
Ştefan Stoica, 19.07.2018, 13:33
Síntoma de una legislación poco clara en varios campos y de la precariedad del diálogo entre el poder y la oposición en el proceso de la legislación, apelar al Tribunal Constitucional ya es algo normal. El Tribunal se ha transformado gradualmente en un árbitro que debe solucionar cualquier disputa legislativa, institucional o incluso de índole política. Una prueba en este sentido es el gran número de solicitudes de inconstitucionalidad sobre todo en cuanto a las leyes sobre el sistema judicial y los códigos penales, temas de actualidad en este período. El pasado miércoles el Tribunal admitió la solicitud de inconstitucionalidad de la ley del manual escolar presentada por el Partido Nacional Liberal y la Unión Salvad Rumanía, en la oposición, que habían reclamado la institución de un monopolio y la falta de rigor normativo.
Por otra parte, los jueces constitucionales han rechazado la solicitud de la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía y de la Unión Salvad Rumanía con respecto a la modificación de la ley de expropiación por causa de utilidad pública, y la del PNL y la USR en referencia a las modificaciones de la ley sobre el estatuto de los jueces y fiscales. En cambio, el Tribunal Constitucional ha aplazado para el otoño el debate de las solicitudes del PNL y la USR así como la solicitud del Tribunal Supremo acerca de los proyectos de modificación del Código de Procedimiento Penal y de la ley sobre la organización judicial. El Tribunal ha aplazado también para el otoño la decisión sobre la solicitud acerca de la modificación de la ley sobre la organización y el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura.
Cabe precisar que el Tribunal Constitucional ha admitido la solicitud sobre el derecho a la libre circulación y residencia de las parejas del mismo sexo en concordancia con una decisión del Tribunal de Justicia de la UE. Éste había establecido que los Estados miembros no podían obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la UE denegando la concesión al cónyuge del mismo sexo, de un Estado no miembro, un derecho de residencia derivado en su territorio.
Una de las decisiones más esperadas del Tribunal Constitucional, al menos desde la perspectiva del poder de izquierda, tenía que ver con la creación del Fondo Soberano de Desarrollo e Inversiones. La noticia para la mayoría integrada por el PSD y la ALDE no es buena. El Tribunal ha aceptado las solicitudes formuladas por la presidencia y la oposición según las cuales la creación del Fondo figuraba entre las atribuciones del Gobierno y no del Parlamento. La ley preveía que 33 compañías en las que el Estado es accionista integrarían el Fondo Soberano de Desarrollo e Inversiones cuyo capital social podría alcanzar unos 9.000 millones de lei (alrededor de 2.000 millones de euros). Para el PSD, el Fondo sería un instrumento que ayudaría al desarrollo de las grandes infraestructuras y de las inversiones en la agricultura, la industrialización de Rumanía y la creación de nuevos empleos. La oposición, preocupada por el riesgo de la utilización inadecuada del dinero de este fondo y de la politización del proceso de nombramiento de su dirección, lo ha calificado de posible modalidad para la corrupción. El PNL ha advertido que si el Ejecutivo encuentra otra modalidad de creación del Fondo, impugnará la decisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
