Decisiones y recomendaciones en materia de Justicia
El Grupo Anticorrupción del Consejo Europeo señala que Rumanía no ha avanzado mucho en la aplicación de sus recomendaciones.
Roxana Vasile, 19.01.2018, 14:09
Todavía se mantiene el método de supervisión de la Justicia rumana, que comenzó en el año 2007, por parte de la Unión Europea, a través del Mecanismo de Cooperación y Verificación. El último informe, publicado el pasado otoño, pone de manifiesto una serie de avances, pero Bruselas señala también su preocupación por el ritmo global de las reformas, que según afirma, se estancaron en el año 2017. Esta semana, Estrasburgo ha expresado las mismas preocupaciones a través del Grupo Anticorrupción del Consejo Europeo (GRECO), que señala que Rumanía ha avanzado muy poco en la aplicación de sus recomendaciones para prevenir y combatir la corrupción en el seno de legisladores, jueces y fiscales.
Para ser más exactos, Rumanía solo ha cumplido de forma completa con dos de las trece recomendaciones incluidas en la evaluación anterior, siete recomendaciones no se han llevado a cabo en absoluto y cuatro de ellas se han cumplido de forma parcial. El GRECO señala que la principal iniciativa adoptada por Rumanía con respecto a los diputados ha sido un Código de Conducta, aprobado en octubre de 2017, que regula los regalos y otros beneficios, así como la gestión de los conflictos de intereses. El Grupo Anticorrupción opina que la redacción del mismo es demasiado general y que las reglas para su implementación son inconsistentes y por ello impiden que sea lo suficientemente satisfactorio. Asimismo, también se considera que Rumanía no ha prestado la atención adecuada a la mejora de la actividad de la Agencia Nacional de Integridad en lo relativo al control de los bienes y los intereses de los parlamentarios, aunque los métodos de trabajo y las capacidades de procesamiento de datos han mejorado. El proceso legislativo es un motivo de preocupación para el GRECO, debido a las frecuentes controversias, a las acusaciones por falta de consultas, al uso excesivo del procedimiento acelerado y a la falta de transparencia. En el contexto de las fuertes tensiones del año 2017 provocadas por la intención del Ejecutivo rumano de modificar las leyes de Justicia mediante reformas que involucran a jueces y fiscales, el GRECO señala que el año 2017 ha estado marcado por una serie de propuestas y contrapropuestas sobre nombramientos y procedimientos disciplinarios, algunos de los cuales se perciben como un intento de acabar con la independencia del Poder Judicial.
Uno de los argumentos del Partido Social Demócrata y de sus socios de coalición (ALDE) para modificar las leyes de Justicia se basa en que, según su forma actual, permiten muchos abusos por parte de la judicatura. A fin de garantizar la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, el Tribunal Constitucional decidió el jueves que las pruebas obtenidas ilegalmente y declaradas nulas en el marco de un procedimiento penal deben ser eliminadas de los expedientes. En opinión del Tribunal Constitucional, el continuo acceso de un juez a pruebas declaradas nulas solo puede dar lugar a que esta información influya en sus decisiones sobre la posible culpabilidad o inocencia del acusado. Una vez declaradas nulas, dichas pruebas no podrán usarse como consulta para resolver una causa.
