El 10 de agosto, 5 años después
En Rumanía, la Fiscalía General demanda a los jefes de la Gendarmería en funciones en el momento de la manifestación antigubernamental del 10 de agosto de 2018.
Ştefan Stoica, 09.08.2023, 12:50
El 10 de agosto de 2018, representantes de la diáspora organizaron una gran manifestación en Bucarest contra el Gobierno de izquierda de entonces. Éste fue acusado, desde su llegada al poder, en enero de 2017, de intentar desviar el avance natural de la reforma judicial para deshacerse de los expedientes de corrupción del líder socialdemócrata de entonces, Liviu Dragnea, y sus allegados. La manifestación, a la que acudieron decenas de miles de personas, acabó con la intervención contundente, considerada desproporcionada y en gran medida injustificada, por parte de la policía. En 2018, los fiscales antimafia y antiterrorismo abrieron un expediente, que fue cerrado dos años después y reabierto recién la primavera pasada, tras la apelación de un manifestante.
Ahora, la Fiscalía General ha anunciado que los jefes de Gendarmería en ese momento, así como otros empleados de la institución, serán juzgados por delitos como abuso de autoridad, falsedad intelectual y conducta abusiva. Según los fiscales, el 10 de agosto de 2018, durante la manifestación de protesta que tuvo lugar en Bucarest, cerca de la sede del Gobierno, el comandante de la acción y sus coordinadores, todos los coroneles de la Gendarmería, desempeñaron indebidamente sus funciones y ordenaron a los gendarmes subalternos, en violación de las disposiciones legales, intervenir por la fuerza para dispersar a toda la masa de manifestantes presentes. La actuación de los imputados tuvo como consecuencias, alegan los investigadores, la limitación de la libertad de reunión y del derecho a la integridad física y psíquica de los manifestantes, así como la provocación de sufrimientos físicos o lesiones, requiriendo hasta 50 días de atención médica a un número de más de 400 personas.
De las investigaciones realizadas en el caso, se desprende que la intervención contundente de los gendarmes se realizó en violación de los principios de necesidad, gradualidad y proporcionalidad, principios consagrados en la normativa legal sobre la materia y reflejados en la jurisprudencia del CEDO-Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Así, los gendarmes habrían actuado no solo contra las personas que se manifestaron violentamente, con el fin de aislarlas y aplicar medidas legales, sino también contra los manifestantes pacíficos, que constituían la gran mayoría de los manifestantes. Los gendarmes militares utilizaron granadas de mano acústicas, granadas de mano irritantes de gas, cartuchos irritantes de gas lacrimógeno, rociadores de gran capacidad y rociadores de mano durante la misión. Según el Ministerio Público, de los lesionados, más de 300 se han convertido en partes civiles del caso.
La comunidad Declic, que es una plataforma de peticiones, llamamientos a la acción y activismo en línea creada exclusivamente para Rumanía, ha solicitado al Tribunal Militar de Bucarest que juzgue urgentemente el expediente del 10 de agosto, porque solo quedan 3 años hasta el plazo de prescripción y los culpables podrían escapar del castigo. Los miembros de la Comunidad Declic se reunirán en la plaza de la Victoria, el próximo10 de agosto, para exigir justicia para las víctimas de los abusos de los gendarmes en 2018.
(Versión española: Simona Sârbescu)
(Ştefan Stoica)
