El caso “Mineriada 1990” nuevamente ante la Fiscalía rumana
Después de tres decenios, Rumanía no ha logrado aclarar el episodio más oscuro de su historia poscomunista.
Bogdan Matei, 09.05.2019, 16:07
Aunque parcialmente eclipsados por la cumbre comunitaria de Sibiu y por la campaña para el escrutinio del próximo 26 de mayo, los fallos de la justicia siguen despertando el interés. Este miércoles, el fiscal general interino, Bogdan Licu, ha presentado un recurso contra la decisión del Tribunal Supremo de devolver a la Fiscalía el expediente “Mineriada 1990”.
Anteriormente, un juez de la Cámara Preliminar del Tribunal Supremo de Casación y Justicia había decidido remitir el expediente para la restauración de la acusación que había calificado de ilegal. Hace dos años, los fiscales habían finalizado las investigaciones en el expediente “Mineriada” enviando a juicio a 14 personas. Los protagonistas son el expresidente de Rumanía Ion Iliescu, el jefe del Gobierno de aquella época, Petre Roman, y el viceprimer ministro, Gelu Voican Voiculescu, así como Virgil Magureanu, el director del Servicio Rumano de Inteligencia. Conforme con los investigadores todos éstos habrían organizado y coordinado directamente el ataque contra los manifestantes de la Plaza de la Universidad, en el centro de la capital, que expresaban pacíficamente sus opiniones políticas totalmente opuestas a las de la mayoría que integraba el poder político de la época.
El 20 de mayo del año 1990, cinco meses después de la caída de la dictadura comunista de Nicolae Ceausescu, Ion Iliescu, exministro comunista en los años 70, percibido como líder de la Revolución, prácticamente por plebiscito, ganando las primeras elecciones presidenciales libres con casi el 85% de votos. Su partido, una formación heterogénea de revolucionarios auténticos y comunistas de segunda mano, se había adjudicado dos tercios de los escaños en el Parlamento. La Plaza de la Universidad, ocupada ya desde el mes de abril por estudiantes y proclamada “zona libre de neocomunismo” estaba vacía ya que los manifestantes se habían conformado con el severo veredicto de las urnas. Allí donde antes se habían reunido decenas de miles de personas exuberantes y no violentas sólo se habían quedado varias decenas de huelguistas de hambre como si no estuvieran en condiciones de continuar con su vida fuera de la plaza. Su evacuación por la policía en la noche del 13 de junio se hizo con el uso desproporcionado de la fuerza lo que evocaría la represión a los manifestantes durante la Revolución. Tampoco hoy en día está claro si todos aquellos que reaccionaron al día siguiente luchando en la calle contra la policía y ocupando las sedes del Ministerio del Interior y de la Televisión Pública tenían algo que ver con los manifestantes de la plaza.
Ion Iliescu y las personas de su entorno les calificaron de legionarios (la extrema derecha entre el período de entreguerras) y aunque el ejército había reinstaurado el orden, llamarían a la población a salvar la democracia que corría peligro.
Los mineros del Valle del Jiu acudieron a su llamada y durante dos días, el 14 y el 15 de junio de 1990, se apoderaron de la ciudad sustituyendo a la autoridad legal, lo suficiente para dejar atrás 1300 heridos, más de 1000 personas retenidas de manera abusiva y por lo menos seis muertos. A éstos se añadían la Universidad profanada, las sedes de los partidos de oposición y de los periódicos independientes devastadas, completando el cuadro de la invasión.
Hace cinco años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio un fallo que obligaba a Rumanía a continuar con las investigaciones en este caso mientras que la ex fiscal general, Laura Codruta Kovesi, reconocía que la investigación sobre el caso “Mineriada” fue uno de los mayores fracasos de la historia del Ministerio Público.
