El Gobierno mantiene los gastos bajo control
Las medidas de austeridad anunciadas por el nuevo Gobierno de Rumanía provocan las primeras protestas. Más detalles al respecto en un material firmado por Bogdan Matei.
Bogdan Matei, 31.12.2020, 11:53
Anticipada por muchos, la intransigencia de contable del nuevo primer ministro, el liberal Florin Cîţu, antiguo ministro de Finanzas, ha sido confirmada una semana después de su investidura. Su Gobierno de coalición integrado por el Partido Nacional Liberal – La Unión Salvar Rumanía PLUS y la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía ha decidido este miércoles, mediante ordenanza de urgencia, que los sueldos de los empleados no aumentarán más el próximo año. Tampoco superarán el nivel actual de este mes las pagas extras, las compensaciones y las indemnizaciones por comida y de mérito. La decisión afecta a todo el personal de la administración pública central y local, incluidas las personas que ocupan cargos de dignidad pública. La ordenanza también prevé aplazar un año más el pago de las denominadas pensiones especiales de los alcaldes que no respetan el principio de contributividad. El Gobierno ha adoptado estas decisiones para mantener los gastos bajo control y para que aumenten las inversiones, según ha explicado el primer ministro Cîţu. Él se ha propuesto en el 2021 un déficit presupuestario del 7% del PIB y la ordenanza de urgencia representa un ahorro al presupuesto de 176.000 millones de lei (el equivalente a más de 3.000 millones de euros). La ley también prevé medidas para apoyar a las empresas del sector HoReCa y para continuar el pago del paro técnico y la asignación de un porcentaje del sueldo bruto de hasta un 41,5% para cada empleado que reanude su actividad en la empresa.
A través de otra ordenanza de urgencia, el Ejecutivo de Bucarest ha prolongado otros tres meses el período en el que los deudores afectados por los efectos de la pandemia de COVID-19 puedan solicitar a los bancos aplazar el pago de las cuotas bancarias hasta nueve meses como máximo.
Desde la oposición, el presidente del Consejo Nacional del PSD, Vasile Dâncu, aprecia que el equipo de Cîţu ejerce una gobernación antisocial”. Dancu afirma que todas las promesas que los partidos en el Gobierno hicieron a los rumanos en la campaña electoral conforme a las cuales la población no se vería afectada por esta crisis, sólo fueron palabras vacías.
Independientemente de los juegos políticos, los sindicalistas del sector sanitario han transmitido a los gobernantes que esta limitación salarial afectará a los empleados que luchan en la primera línea contra la pandemia. También los empleados del Ministerio del Interior están descontentos con la congelación de sus ingresos y los representantes de los sindicatos han transmitido esto de inmediato al ministro del Interior, Lucian Bode. A su vez, los escribanos han anunciado protestas tanto delante de la sede del Ministerio del Interior de Bucarest así como delante de la mitad de las prefecturas del país. La irritación de la sociedad también se debe al reciente anuncio de la Autoridad Electoral Permanente según el cual los partidos políticos solicitarán el reembolso de algunos gastos hechos en las elecciones parlamentarias de este año que alcanzan unos 167 millones de lei (más de 30 millones de euros), cuatro veces más frente al escrutinio parlamentario del 2016. En los comicios de este mes menos de un tercio del electorado se ha presentado a las urnas y tan sólo un 9% de los rumanos afirma que confía en los partidos.
