El grupo anticorrupción del Consejo de Europa preocupado por la Justicia
Los cambios de las leyes relativas al funcionamiento de la Justicia rumana preocupan al Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).
Bogdan Matei, 12.04.2018, 15:03
La tenacidad con la cual la coalición en el poder integrada por el PSD y la Alianza de Liberales y Demócratas trata de modificar la legislación en cuya base funciona la justicia ha engendrado desde hace más de un año protestas virulentas en el país y una preocupación constante entre los socios externos de Rumanía. Este miércoles, llegó el turno del llamado Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) que se ha declarado profundamente preocupado por varios aspectos de las leyes relativas al estatuto de los magistrados, la organización del sistema judicial y el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura, adoptadas recientemente por el Parlamento dominado por la izquierda. El GRECO solicita a Rumanía que renuncie a la creación de la nueva sección especial de fiscales, destinada a investigar los delitos del sistema judicial. El informe de dicho grupo ha tomado nota también del controvertido proceso con respecto a la destitución de la fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruta Kovesi, iniciado en el mes de febrero, a solicitud del titular de Justicia, Tudorel Toader, que no fue aprobado por el Consejo Superior de la Magistratura.
El Grupo de Estados contra la Corrupción ha reanudado la recomendación de que el nombramiento y la revocación del cargo de los fiscales sea un proceso transparente y basado en criterios objetivos, y que al Consejo Superior de la Magistratura se le conceda un papel más importante en el marco de dicho procedimiento. El GRECO critica también las enmiendas presentadas con respecto a la modificación de la legislación penal que estarían en contradicción con algunos compromisos internacionales de Rumanía en relación con el combate de la corrupción. En nombre del Gobierno de Bucarest, el diputado socialdemócrata, Eugen Nicolicea, el presidente de la Comisión jurídica de la Cámara de los Diputados, ha declarado que las leyes de la Justicia no infringen la independencia de los magistrados. Hecho confirmado por las decisiones del Tribunal Constitucional. Eugen Nicolicea:
“Si nuestra propuesta hubiera incluido este cambio de ley, el Tribunal Constitucional habría declarado la ley inconstitucional. La mayoría de los artículos de ley han sido declarados constitucionales y en consecuencia no afectan la independencia de los jueces y de los fiscales y los escasos artículos declarados inconstitucionales tenían otras causas.”
Desde la oposición, los liberales han declarado que Rumanía no puede ignorar el informe del grupo anticorrupción del Consejo de Europa. El líder del PNL, Ludovic Orban:
“Hemos decidido convocar al titular de Justicia en el marco del procedimiento “La Hora del Gobierno” para que presente delante del Senado y la opinión pública qué piensa hacer, tomando en consideración las conclusiones presentadas por el Informe GRECO, que obviamente se relacionan directamente con lo que ocurre en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación y de manera especial, para decirnos en qué medida está dispuesto a dejar de avalar el asalto sistemático ejercido por las formaciones políticas en el poder, PSD y ALDE, contra la independencia de la justicia y contra la lucha anticorrupción.”
A su vez, el Ministerio público ha apreciado que el GRECO confirma sus advertencias repetidas en relación con las modificaciones de las leyes de la Justicia, que debilitarían el sistema judicial y el propio orden de derecho en Rumanía.
