El Parlamento aprueba leyes más duras
El Parlamento en Bucarest ha aprobado una ley por la que los conductores sorprendidos al volante ebrios o drogados pueden quedarse sin carné hasta diez años. También se ha aprobado una ley que estipula que las personas condenadas a prisión que hayan huido del país tendrán que pagar los gastos necesarios para traerlas de vuelta a Rumanía.
Mihai Pelin, 15.05.2024, 11:49
El proyecto de ley que impone penas más duras a los conductores ebrios o drogados ha sido aprobado por la Cámara de Diputados en Bucarest. El documento también prohíbe el aplazamiento de las penas de prisión para los condenados por causar accidentes mortales bajo los efectos del alcohol o de las sustancias psicoactivas. Básicamente, desde el momento de su promulgación y entrada en vigor, quien sea sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas tendrá prohibido conducir un vehículo durante un máximo de 10 años, además de la condena, explicó el senador socialdemócrata Robert Cazanciuc, promotor del proyecto legislativo.
En la actualidad, los jueces no podían imponer penas superiores a 5 años. La pena sólo se aplicará a los conductores que tengan una tasa de alcoholemia superior al umbral de delito, que es de 0,80 g/l de alcohol puro en sangre. Además, si causan un accidente de tráfico con resultado de muerte de las víctimas, la pena será de entre 15 y 25 años de cárcel. La ley establece tambien que las personas a las que se encuentren sustancias prohibidas dejarán de ser multadas y recibirán penas privativas de libertad. El documento complementa la ley Anastasia, en vigor desde el año pasado, que establece penas de prisión, sin posibilidad de suspensión, para los conductores ebrios o drogados que provoquen accidentes con víctimas mortales.
La ley Anastasia lleva el nombre de la niña de 4 años que murió en 2022 por culpa de un conductor sin carné. También se ha actualizado la lista de drogas de alto riesgo para incluir seis nuevas sustancias sintéticas. Además, la Cámara de Diputados, como órgano decisorio, aprobó una ley que obliga a los fugitivos que hayan eludido el procesamiento o la ejecución de sus condenas a pagar las costas judiciales si son devueltos al país. Más concretamente, el Estado recuperaría los costes de su extradición.
Según la ministra de Justicia, Alina Gorghiu, el coste de cada persona traída a Rumanía para cumplir su condena varía entre unos pocos miles de euros y 25.000 euros, dinero que ahora da el Estado, mientras que el fenómeno de los fugitivos ha ido aumentando cada año. La ley se aplica a las personas buscadas internacionalmente sobre las que se ha emitido una orden de detención europea, así como a las personas que han huido fuera de la UE y sobre las que hay un procedimiento de extradición en curso.
El exalcalde de Bucarest, el médico Sorin Oprescu, Alina Bica (exdirectora de la DIICOT), Mario Iorgulescu (hijo del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Gino Iorgulescu) o el príncipe Paul Philippe (nieto del rey Carlos II) son sólo algunos nombres de la lista de prófugos famosos que, tras ser condenados, han encontrado refugio en otros países, muchos de ellos en Italia y Grecia. Algunos de ellos Rumanía lleva años sin poder traerlos a casa.
Versión en español: Monica Tarău
