El recurso compensatorio ha sido derogado
Los diputados rumanos han derogado la ley de apelación compensatoria, motivo de disputas políticas y descontento social.
Roxana Vasile, 05.12.2019, 14:58
En vigor durante los últimos dos años, la ley de apelación compensatoria ha sido derogada, este miércoles, por el Parlamento de Rumanía, por el voto casi unánime de los diputados. Inicialmente concebida por el ministro de Justicia del Gobierno tecnócrata que dirigió los asuntos del país durante aproximadamente un año, la ley fue aprobada en 2017, durante el período del Ejecutivo encabezado por los socialdemócratas que los sucedieron en el poder. El motivo: evitar sanciones severas por parte del CEDO por condiciones inadecuadas en las cárceles.
Así, según la Administración Penitenciaria Nacional, en base al recurso compensatorio, casi 23.000 personas han salido de las prisiones, de las cuales casi 19.000 en libertad condicional. Cerca de 2.300 han vuelto a la cárcel, algunos porque cometieron actos delictivos en el período posterior a la detención, otros porque también tenían abiertos en el tribunal otros procesos penales, en diferentes etapas de instrumentación, en el momento de la liberación.
Después de llegar al poder en octubre, en lugar del PSD, el Partido Nacional Liberal, con el apoyo de la Unión Salvad Rumanía, ha reconocido que la ley se basó en los problemas reales relacionados con las precarias condiciones de los centros penitenciarios, pero afirma que de hecho la ley se ha convertido, durante el Gobierno anterior, en una ley de indulto. El diputado liberal Ioan Cupşa:
“La Ley 169 de 2017 ha mostrado una falta de sabiduría y, en igual medida, una falta de buenas intenciones como nunca se ha visto en este Parlamento. Sabían cuáles serían las consecuencias, pero para que solo algunos de sus camaradas fueran liberados más pronto de las prisiones, han dejado salir a todos».
Los socialdemócratas se defienden y argumentan que todos los que han salido de la prisión antes de haber cumplido su pena debido al recurso compensatorio han sido liberados en virtud de la decisión de algunos jueces. Alfred Simonis, el líder del grupo de los diputados del PSD, que ha votado a favor de la derogación, reconoce las deficiencias del antiguo documento legislativo y ha precisado que la seguridad de los ciudadanos prevalece en caso de sanciones que Rumanía recibirá del CEDO por las condiciones inadecuadas en las cárceles.
Alfred Simonis:
«Esperamos que, en el futuro, el Gobierno en funciones encuentre todos los métodos alternativos y todas las medidas para evitar la sanción por parte del CEDO. Todos hemos llegado a la conclusión de que, si esto sucede, puede ser mejor pagar esos daños que liberarlos de los centros penitenciarios”.
Ya, el mismo día de la derogación de la apelación compensatoria, se ha publicado en la página web del Ministerio de Finanzas un proyecto de ley según el cual el Estado rumano ha contratado un préstamo de 177 millones de euros del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa para la construcción de dos centros penitenciarios. Por lo tanto, se crearán 1.900 nuevas plazas para diversas categorías de presos, según los estándares europeos.
(Versión española: Simona Sarbescu)
