El Tribunal Constitucional rechaza el aumento de las multas
El Tribunal Constitucional de Rumanía ha decidido que los decretos por los que el presidente Klaus Iohannis dictó el estado de emergencia superan el marco legal. Además, las multas pagadas durante este período son inconstitucionales.
Roxana Vasile, 07.05.2020, 13:46
Una de las medidas coercitivas más significativas del estado de emergencia en Rumanía ha sido el endurecimiento drástico de las multas destinadas a desalentar a quienes frustrarían los esfuerzos de las autoridades por erradicar el nuevo coronavirus. Por ordenanza gubernamental de urgencia, los rumanos capturados con las manos en la masa se vieron obligados a pagar enormes sumas en comparación con su poder adquisitivo. Con un salario medio en lei equivalente a unos 700 euros, la multa mínima se incrementó a 400 euros y la máxima a más de 4 000 euros. En el contexto de algunas previsiones, algunas bastante vagas de las ordenanzas militares emitidas durante el estado de emergencia cuya interpretación se dejó a la policía, algunas personas fueron multadas erróneamente, por ejemplo personas mayores sin ningún tipo de apoyo o personas de las zonas rurales, menos informadas o escolarizadas.
En este contexto, el Tribunal Constitucional de Rumanía ha admitido el miércoles la queja del Defensor del Pueblo contra la ordenanza gubernamental de emergencia que impone estas enormes sanciones por incumplimiento de la cuarentena y el aislamiento. En otras palabras, las multas muy altas han sido declaradas inconstitucionales. Según los jueces del CCR, las disposiciones de la orden carecen de claridad, precisión y previsibilidad y la determinación de los hechos considerados delitos quedan arbitrariamente a discreción de la policía.
El primer ministro liberal, Ludovic Orban, ha reaccionado, señalando que la decisión del Tribunal Constitucional es política:
Con esta decisión se puede decir que el Gobierno y las autoridades casi están impedidas a defender la salud y la vida de los rumanos. Esta decisión puede dar lugar a la situación en la que las autoridades no puedan poner ninguna multa por haber infringido las normas establecidas durante el estado de emergencia.
Por su parte, el ministro de Finanzas Florin Cîţu se ha defendido, diciendo que el objetivo de las multas altas no era aportar dinero al presupuesto sino reducir el riesgo de que la pandemia se propagara. Al otro lado de la barricada política, la oposición representada por el PSD, la ALDE y Pro Rumania ha redactado un proyecto de ley para cancelar automáticamente la mayoría de las multas puestas durante el estado de emergencia, con el fin de que el trabajo de los tribunales no esté bloqueado por cientos de miles de apelaciones.
La Fundación para la Defensa de los Ciudadanos contra los Abusos del Estado insta a todos los rumanos que crean que han sido multados injustamente que, al menos por ahora, puedan impugnar las multas en los tribunales hasta el 30 de mayo. En total, ¡hay más de 300 000 personas!
