El Tribunal Constitucional sobre la destitución de la fiscal jefa de la DNA
El Tribunal Constitucional de Rumanía ha explicado porqué le dio la razón al Gobierno en el conflicto con el presidente sobre el tema de la destitución de la fiscal jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción rumana.
Ştefan Stoica, 08.06.2018, 14:42
Recientemente, el Tribunal Constitucional tomó una decisión en favor del Ejecutivo en el conflicto con el presidente Klaus Iohannis, que rechazó destituir a la fiscal jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruţa Kovesi, y este jueves, ha dado las razones de su decisión. El Tribunal Constitucional rumano ha afirmado que el papel del presidente en el procedimiento de destitución iniciado por el ministro de Justicia, Tudorel Toader, se limita a comprobar su legalidad. Los jueces del Tribunal establecieron que el ministro de Justicia no solo tiene autoridad administrativa sino también tiene competencias completas en cuanto a la autoridad sobre los fiscales. Por consiguiente, el rechazo del jefe del Estado de destituir a Laura Codruţa Kovesi de la dirección de la DNA dejó al ministro de Justicia incapaz de ejercer sus competencias legales, lo que provocó un conflicto jurídico de naturaleza constitucional, según a declarado el Tribunal. Sin embargo, no existía unanimidad entre los jueces del Tribunal Constitucional rumano. Los que se opusieron a tal solución consideraron que el jefe del Estado, al rechazar la propuesta de destitución, no se salió de los límites constitucionales. El Tribunal señala que, quienquiera que haya generado el conflicto constitucional, las autoridades están obligadas a dar cumplimiento a sus decisiones, lo que, en este caso, significa la firma del presidente del decreto de destitución de la jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción. Antes de conocer las razones de la decisión, Klaus Iohannis garantizó que respetaría el Estado de derecho y que cuidaría que la independencia de los fiscales, por lo que los críticos de esta decisión están preocupados de que permanezca intacta. Victorioso en el conflicto con el jefe del Estado, el ministro de Justicia dice que el presidente no puede evitar la destitución. Tudorel Toader:
“No creo que el presidente de la república, quienquiera que sea hoy, o mañana o en 7 años, no creo que dé a los rumanos un ejemplo de falta de respeto a la ley fundamental. No tenemos multa entre… y, o cárcel entre… y, pero tenemos sanciones que se originan desde la ley fundamental”.
En la oposición, el presidente del Partido Nacional Liberal, Ludovic Orban, ataca sin parar, no solamente el veredicto, también la manera en que el Tribunal Constitucional rumano lo ha motivado. Ludovic Orban:
“Mediante la motivación del Tribunal Constitucional, prácticamente, el principio constitucional de la independencia de la justicia es violado, junto a la independencia de los fiscales. Los fiscales se convierten en agentes del poder ejecutivo, como sirvientes del ministerio de Justicia, que es político y que puede ejercitar un control político partidario en la actividad del Ministerio Fiscal, de la fiscalía y de los fiscales”.
Laura Codruţa Kovesi no es deseable desde el punto de vista del poder actual de izquierda, porque formaría parte de una estructura ilegítima, oculta, que decide, según los representantes del PSD y ALDE, sin aportar pruebas, quien debe ser eliminado del espacio público, mediante la falsificación de expedientes penales. La Dirección Nacional Anticorrupción, dirigida por Kovesi, es por otra parte, la institución elogiada constantemente por la Comisión Europea en sus informes en cuanto a las reformas en el sistema judicial. El objetivo del conflicto, que puede provocar una crisis constitucional, no es todavía, según declaran los magistrados honestos y objetivos, la destitución de la jefa de la DNA, sino la subordinación política, dicen los mismos, de un sistema judicial en peligro.
