Fiscalidad de las pensiones especiales
El Parlamento de Bucarest ha decidido gravar las llamadas pensiones especiales.
Bogdan Matei, 18.06.2020, 12:56
Una polémica recurrente en los debates públicos en Rumanía: tributar o no las llamadas pensiones especiales que no respetan el principio de contributividad, parece haber sido finalmente zanjada. Este miércoles, la Cámara de los Diputados ha aprobado, casi por unanimidad, con 307 votos a favor y solo uno en contra, la ley que grava la cuantía mensual de la diferencia entre la pensión especial y la pensión contributiva determinada en función de las aportaciones efectuadas al sistema de pensiones. Una diferencia entre 2.000 lei (unos 400 euros) y 7.000 lei está gravada, como antes, en un 10%, y para cantidades superiores a los 7.000 lei el impuesto será del 85%. La decisión de tributar gradualmente las pensiones especiales ha sido consensuada entre todos los grupos parlamentarios por procedimiento de urgencia.
La exministra socialdemócrata de Trabajo, Lia Olguţa Vasilescu, asegura que el documento cumple con las disposiciones constitucionales:
“Hemos cumplido con las disposiciones de la Ley de Pensiones Públicas. Si las pensiones contributivas de los magistrados, los parlamentarios o de quien sea superan los 7.000 el impuesto será de un 10%. No puede venir nadie ahora a reclamar ante el Constitucional que se le hayan vulnerado los derechos.
Igualmente tajante ha sido el líder de los diputados del PNL (en el poder), Florin Roman:
Por supuesto, en la actualidad probablemente hay muchos jueces, muchos fiscales, muchos jefes de policía o del ejército que están molestos, pero lo que está sucediendo hoy, a través de esta propuesta legislativa, es que se hace justicia para los demás militares o policías donde las discrepancias salariales eran enormes entre los que estaban en misiones y los que trabajaban tranquilamente en sus oficinas, pero tenían el rango de general.
Según los datos de la Casa de Pensiones Públicas, el número de personas que recibieron pensiones especiales a fines del mes pasado era de aproximadamente 9.500. Casi 4.100 son beneficiarios de la ley sobre el estatuto de jueces y fiscales. Uno de ellos es el beneficiario de la pensión más grande en Rumanía, de más de 19.000 lei. Alrededor de 150.000 exempleados del sistema de orden público y de seguridad nacional también se benefician de pensiones especiales.
Los comentaristas destacan el consenso inusual sobre este tema alcanzado por los partidos en el Parlamento. La situación era de alguna manera predecible. Por un lado, porque, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y los gastos presupuestarios colosales que conlleva, es cada vez más improbable que las pensiones contributivas aumenten en un 40% en el otoño, y las pensiones especiales muchísimo menos. Por otro lado, porque en Rumanía, las elecciones locales y parlamentarias tendrán lugar en unos pocos meses. Y ningún partido pierde la oportunidad de simpatizar con el electorado, a través de decisiones populares.
