La decisión del Tribunal Constitucional sobre los ediles
Los electos locales condenados a prisión con suspensión perderán el mandato según ha decidido el Tribunal Constitucional de Bucarest.
Corina Cristea, 07.07.2016, 14:32
Hasta el verano pasado, un pasaje interpretable de la Ley que regula el estado de los electos, permitía a los alcaldes con condena suspendida que mantuvieran su cargo. En junio 2015, el Alto Tribunal de Casación y de Justicia establecía, sin embargo, que todos los ediles condenados mediante sentencia, incluso suspendidas, tenían que dimitir. Por lo que se empezó a revocar a ediles de sus funciones. Muchos de los incriminados rechazaron renunciar al cargo y demandaron a los prefectos por dichas decisiones. En paralelo, algunos parlamentarios iniciaron una ley que anulara la decisión del Alto Tribunal. Para terminar, la Ley del Estado referente a los electos locales ha sufrido modificaciones por las cuales, de nuevo, los condenados con suspensión podían mantener su mandato.
Considerando la situación inaceptable, el jefe del Estado ha consultado al Tribunal Constitucional. La ley colisiona con los principios de un Estado de derecho y afecta a la lucha anticorrupción, ha argumentado el presidente Klaus Iohannis. Los jueces de la Instancia Anticorrupción le han dado la razón, admitiendo por unanimidad este miércoles, lo formulado por el presidente Klaus Iohannis hace dos semanas.
”Hemos tenido en cuenta que se ha creado un régimen discriminatorio y que la decisión que ha tomado el Parlamento habría desviado el objetivo del legislador, aquel de defender la integridad, responsabilidad de la función del electo local”, ha precisado el presidente en funciones del Tribunal Constitucional de Rumanía, Valer Dorneanu. No obstante, los electos locales van a perder los mandatos incluso en el caso de haber sido condenados a prisión con suspensión.
”Es una decisión de sentido común, de sentido común para cualquier otra persona además de los políticos afectados por esta ley. Creo que está claro para todo el mundo que un electo local o de otro tipo no puede continuar con su función de representante de los ciudadanos tras haber cometido unos hechos que lo descalifican para dicha función”, considera el director ejecutivo del Centro para la Innovación Pública, el politólogo Ovidiu Voicu, en una entrevista para una radio privada.
Para tener una imagen de conjunto, según los medios de comunicación, el pasado año, 61 alcaldes tenían condenas suspendidas en tres cuartas partes de las provincias del país, en el momento de la decisión tomada por el Alto Tribunal. Igual de relevante puede ser el hecho de que cuatro de los seis antiguos alcaldes de sector de Bucarest más el alcalde general han sido arrestados. O incluso que en Deva se van a volver a organizar las elecciones locales porque Mircia Muntean, el alcalde electo el 5 de junio ha sido condenado a seis años de prisión con ejecución. También fue condenado a 2 años por conducir bajo la influencia del alcohol, y la pena se ha sumado a la de 4 años de prisión con suspensión por cohecho.
