La Fiscalía General y el voto en el extranjero
La Fiscalía General de Bucarest ha iniciado la investigación penal sobre a la manera en la que las autoridades responsables han asegurado el derecho al voto en las recientes elecciones presidenciales para los rumanos que viven en el extranjero.
Bogdan Matei, 21.11.2014, 16:59
La oganización de las elecciones presidenciales de Rumanía en el extranjero se ha convertido en un escándalo mediático, una batalla política y a partir de este jueves, en un caso penal. La Fiscalía General ha anunciado que ha iniciado la investigación penal sobre a la manera en la que las autoridades responsables han asegurado el proceso de votación en las recientes elecciones presidenciales para los rumanos del extranjero. Los fiscales han tomado esta decisión después de haber recibido denuncias sobre el hecho de que, tanto el 2 de noviembre en la primera vuelta de las elecciones, como el 16 de noviembre en la segunda, miles de personas no pudieron votar, a pesar de haber permanecido en colas durante horas. La humillación y la frustración causaron reacciones violentas en París y Torino, donde los policías usaron gases lacrimógenos para alejar a los protestantes.
El fiscal general Tiberiu Niţu, ha anunciado que la investigación se inició tras las denuncias que reclaman un supuesto abuso de poder y el impedimiento de ejercer el derecho al voto por parte de los ministros y funcionarios del Estado.
“Se ha iniciado la investigación penal. Numerosas denuncias se presentaron en la primera vuelta. Son denuncias contra los ministros, que según las peticiones, tenían la atribución de organizar las elecciones.”
Tras el escándalo provocado por el proceso de votación en el extranjero, Rumanía se ha convertido en el país con tres ministros de Exteriores en solo mes. El próximo ministro será el actual embajador en la UE, Mihnea Motoc. Titus Corlăţean ha presentado su dimisión una semana después de la primera vuelta. Su sucesor, Teodor Meleşcanu, se ha ido una semana después de la segunda vuelta. Ambos han declarado que la culpa la tienen los fallos de la legislación electoral, que excluye el voto electrónico o por correo, así como la posibilidad de abrir nuevos centros de votación entre las dos vueltas. Sin embargo, existe una controversia entre las instituciones.
En los informes de la Junta Electoral Central se mencionaba que no había impedimentos para aumentar el número de centros de votación y el presidente del Alto Tribunal de Casación y Justicia, Livia Stanciu, ha subrayado que las autoridades podían emitir una ordenanza de urgencia para aumentar el número de centros de votación en el extranjero y, como ciudadana, ha recomendado un control en este sentido. En el plano político, los analistas afirman que los problemas respecto a la votación en el extranjero han tenido un gran impacto sobre los rumanos y han decidido los resultados. Ellos opinan que, por cada rumano que no pudo votar, lo hicieron entre 4 o 5 personas en el país — parientes, amigos, antiguos compañeros- decididos a castigar a un Gobierno que humilló a sus ciudadanos.
