La Justicia, en primera plana
Según un famoso dicho, todos los rumanos somos expertos en política y fútbol. Desde principios de 2017, a estos populares campos de actividad se ha sumado la legislación penal.
Bogdan Matei, 13.03.2017, 13:31
El pasado mes de febrero, cientos de miles de rumanos indignados salieron a la calle para participar en las más amplias manifestaciones de protesta después de la caída de la dictadura comunista, en 1989. Un poco después de su investidura, el Gobierno formado por el PSD y la ALDE había intentado aplicar una amnistía colectiva modificando los códigos penales a través de una ordenanza de urgencia. Dado que las protestas de la calle también fueron expresadas por la oposición de derecha, los medios de comunicación y los socios occidentales de Rumanía, los gobernantes, con la espalda contra la pared, se vieron obligados a retirar las ordenanzas. Pero entre la opinión pública todavía se ha mantenido la sospecha de que los socialdemócratas junto con sus socios liberaldemócratas quieren despenalizar algunos delitos cometidos por importantes políticos y miembros de la administración central y local. La noche de este domingo en Bucarest y en otras grandes ciudades han tenido lugar nuevas manifestaciones de protesta contra el Gobierno y el Parlamento, que ahora están analizando un proyecto sobre la ley de indulto, propuesto por el senador del PSD, Şerban Nicolae. En la capital, unas 3000 personas han expresado su indignación ante esta propuesta legislativa, que también incluye la amnistía de las penas de prisión en algunos casos de corrupción. Los manifestantes han denunciado lo que han llamado la politización del Tribunal Constitucional, que considera que la DNA ha superado sus atribuciones cuando investigaba la aprobación del polémico decreto sobre la modificación de los códigos penales. Los manifestantes han vuelto a pedir la dimisión del Gobierno:
«¡Que caiga el Gobierno, porque querían hacer estos cambios para engañar a los rumanos! »
«Ya no quiero una clase política que se representa a sí misma ni tampoco quiero políticos de carrera.«
«Apenas hemos recuperado la calma y cuando crees que por fin han entendido de que se trata, ves a Şerban diciendo que: ¡Ay, pobres presos !¡Ay, como viven en la miseria! Y lo pasan mal … Te pones a llorar si no sabes de quién se trata. Pues, ¿cuál es su prioridad? ¿Cuántos han estado alguna vez en un hospital de oncología? Sinceramente, espero la dimisión de este Gobierno, es lo que más me gustaría.”
Del otro lado de la barricada, el nuevo ministro de Justicia, Tudorel Toader, nombrado tras la dimisión de su impopular predecesor y autor de las ordenanzas, Florin Iordache, ha abogado a favor de la transparencia en la toma de decisiones, según la Constitución y las normas europeas. También ha dicho que las autoridades rumanas emprenden numerosos esfuerzos para eliminar la monitorización sobre la justicia aplicada por la Comisión Europea:
”Aún se mantiene el MCV. Lo que debemos hacer es eliminar la monitorización y la única manera de conseguirlo es crear un mecanismo de decisión transparente. No podemos eliminar el MCV mientras no tengamos regulaciones según criterios constitucionales, normas jurídicas que respeten los criterios establecidos por la Comisión de Venecia.”
Toader también ha anunciado que mantendrá conversaciones con el fiscal general, Augustin Lazăr, y con la jefa de la DNA, Laura Codruţa Kövesi, para analizar como se han desarrollado las investigaciones sobre el decreto de urgencia. Según ha declarado el ministro, durante las próximas 2 semanas, también analizará la actividad de la Fiscalía General y no descarta la destitución de ambos fiscales jefes. Los analistas han advertido que esta decisión podría generar nuevas manifestaciones de protesta en la calle.
(traducido: Simona Sarbescu)
