La ley de ciberseguridad es inconstitucional
El Tribunal Constitucional ha decidido que la Ley de Seguridad Cibernética es inconstitucional. Se trata de la tercera propuesta de ley del 'paquete Big Brother', que viola la ley fundamental.
Mihai Pelin, 22.01.2015, 16:34
La Ley de Seguridad Cibernética de Rumanía, criticada por la sociedad civil y adoptada hace un mes por el Parlamento, ha sido declarada inconstitucional. Los jueces del Tribunal Constitucional han aprobado la querella presentada por un grupo de parlamentarios liberales de la oposición que advierten sobre este proyecto de ley que, según afirman, no respeta el derecho a la privacidad de los usuarios. Según el Tribunal, dicha ley, además de no haber recibido el visto bueno del CSAT, ha violado algunos artículos de la Constitución, como los que se refieren al libre acceso a la justicia y a un juicio justo, el derecho a la vida íntima, familiar y privada, o el derecho al secreto de la correspondencia.
Esta es la tercera ley del «paquete Big Brother» declarada inconstitucional tras haber rechazado el Tribunal Constitucional otras dos leyes el año pasado: la ley sobre la obligación de los proveedores de telefonía e internet a guardar los datos de los usuarios durante 6 meses y la que obliga a solicitar los datos personales a los usuarios de tarjetas prepago y de redes Wi-Fi. Muchos consideran que la Ley de Seguridad Cibernética permitiría el acceso de los fiscales a datos de cualquier sistema informático, sospechoso de implicación en actividades ilegales, sin ningún mandato legal, solo solicitando una autorización judicial.
Por otro lado, los partidarios de dicha ley afirman que esta no se refiere a todos los ciudadanos que tengan un ordenador y que es necesaria en la situación actual, cuando los riesgos y las amenazas cibernéticas están aumentando. Según el SRI, el principal partidario del proyecto, dicha ley es indispensable para proteger y garantizar los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Las especulaciones, las acusaciones o los temores generados por este asunto no se justifican porque la ley no permite a las instituciones del Estado acceder a la vida privada de los ciudadanos sin previa autorización judicial, ha destacado el SRI. Solo los operadores de infraestructuras cibernéticas y no las personas físicas tienen la responsabilidad de poner a disposición de las autoridades los datos técnicos sobre el delito investigado, según explican los representantes del SRI. Posteriormente, tras una evaluación preliminar, si es necesario ampliar las investigaciones a ciertas personas, los jueces pueden autorizar el acceso a un ordenador, tableta o smartphone. Sin embargo, la ley no lo dice de manera explícita.
El SRI explicó que no hace falta aplicar otras regulaciones sobre los derechos humanos porque ya existe una ley que regula el acceso a datos de carácter privado, tanto en el Código de Procedimiento Penal como en la Ley de Seguridad Nacional. Si estas regulaciones hubieran sido incluidas en la Ley de Seguridad Cibernética, habrían causado una redundancia legislativa, lo que contraviene a las buenas prácticas en este ámbito.
(Traducido por Simona Sarbescu)
