Las modificaciones en los códigos penales han sido invalidadas
Los Códigos Penal y de Procedimiento Penal son inconstitucionales y volverán al Parlamento.
Daniela Budu, 30.07.2019, 15:08
Las modificaciones efectuadas en el Parlamento en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal son inconstitucionales en su conjunto, ha decidido este lunes el Tribunal Constitucional de Rumanía por unanimidad de votos. Los jueces han afirmado que el motivo de su decisión es que el Parlamento no ha cumplido con su obligación de efectuar todas las correlaciones entre los textos de los códigos penales y las decisiones anteriores del Tribunal. Hasta que se pronunciara este lunes, el Tribunal ha aplazado siete veces la decisión en este caso.
Entre las modificaciones en el Código Penal criticadas cabe recordar la reducción significativa de los plazos de prescripción de la responsabilidad penal por delitos que representan un gran peligro social, junto con la reducción del plazo de prescripción especial, es decir, la reducción a la mitad. Asimismo, reducir a la mitad los castigos por malversación y abuso de poder si los autores de estos delitos cubren el perjuicio hasta que se pronuncie la decisión definitiva, es decir, no como prueba de subsanación, y despenalizar la negligencia profesional.
Los cambios efectuados en el Código de Procedimiento Penal se referían también, entre otros temas, a la información obtenida usando las órdenes de seguridad nacional, que ya no se pueden usar en los casos de derecho común, aunque se trate de corrupción, violación u homicidio. Otros cambios se refieren a la prohibición en el caso de los fiscales de recoger durante el registro pruebas que muestren otros delitos distintos de aquel para el cual se haya autorizado el registro y limitar las denuncias a un año como máximo desde que se haya cometido el delito.
Las modificaciones en los códigos penales han sido impugnadas en el Tribunal Constitucional de Rumanía por el presidente Klaus Iohannis y los partidos USR y PNL, que están en la oposición. Ellos han afirmado que mediante estos proyectos de ley promovidos por la mayoría formada por el PSD y la ALDE (en el Gobierno) la legislación penal sufre más de 300 cambios considerados perjudiciales. Klaus Iohannis ha acogido con satisfacción la decisión del Tribunal y ha solicitado al Parlamento que rechace todas las modificaciones efectuadas en los códigos penales y vuelva a analizar los cambios efectuados ya en las leyes de la justicia. El presidente del PNL, Ludovic Orban, ha pedido también al Parlamento que rechace los códigos en su conjunto, y que los posibles cambios se efectúen posteriormente mediante un nuevo proyecto de ley, que sea sometido a la consulta y el debate públicos. A su vez, la USR pide, entre otros temas, nombrar a los jefes de la Policía por méritos. Por otro lado, los líderes de la coalición gubernamental han anunciado que están trabajando en una ordenanza de urgencia destinada a mejorar el entorno legislativo. El PSD y la ALDE han decidido convocar una sesión extraordinaria del Parlamento, y la primera ministra Viorica Dăncilă ha asegurado que el Gobierno no perderá el tiempo.
La decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía de rechazar la modificación de los códigos penales ha sido comentada también en la prensa internacional. La agencia Reuters ha destacado que desde que se instaló en el poder, en 2016, el Gobierno del PSD ha efectuado una serie de modificaciones en la legislación y cambios de personal considerados unas amenazas contra la independencia de la justicia y que han causado preocupación en la Unión Europea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el caso de miles de magistrados rumanos, mientras que la Comisión de Venecia ha solicitado la derogación de las modificaciones.
