Las pensiones de los magistrados, sometidas a debate
La Cámara de Diputados en Bucarest ha aprobado un proyecto de ley que modifica radicalmente las normas de jubilación en el sistema judicial.
Roxana Vasile, 24.04.2025, 11:30
En Rumanía existen varias categorías profesionales que suelen jubilarse antes de los 50 años y cuya pensión no se calcula exclusivamente -como en el caso de los demás pensionistas- en función de su cotización a la Seguridad Social estatal a lo largo de toda su actividad profesional. En consecuencia, la mayoría de los rumanos asocian a los magistrados, militares o policías con miembros de castas privilegiadas, que son intangibles. Porque a menudo, sobre todo en periodos preelectorales, los aspirantes a diversos cargos del Estado rumano han prometido reformar las leyes en base a las cuales se calculan estas pensiones llamadas «de servicio», pero todos ellos -una vez llegados a los cargos en cuestión- han olvidado sus promesas, para decepción de la población, que habla de una desigualdad significativa.
En este contexto, en la primera parte del año, la Comisión Europea aprobó parcialmente los pagos correspondientes a la tercera solicitud de pago del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Rumanía, pero los suspendió por seis hitos incumplidos, entre ellos la falta de reforma en el caso de las pensiones especiales. Dicho de otro modo, el desbloqueo de 230 millones de euros del PNRR depende de la aprobación de una nueva ley sobre estas pensiones. La tercera reclamación de pago del Plan se refiere a reformas e inversiones destinadas a generar un cambio positivo, con especial atención a la transición ecológica y digital, el transporte sostenible, la renovación energética, el entorno empresarial, la movilidad urbana, el turismo y la cultura, la sanidad, las reformas sociales, la buena gobernanza o la educación.
El primer ministro Marcel Ciolacu ha declarado que Rumanía debe reformar la ley sobre las pensiones especiales porque no puede permitirse perder dinero europeo. En consecuencia, la Cámara de Diputados en Bucarest aprobó el miércoles un proyecto de ley que estipula que los magistrados se jubilarán a los 65 años a partir del 1 de enero de 2026, como la mayoría de los asalariados. En su forma original, el documento preveía que la edad de jubilación de los jueces y los fiscales aumentara de forma escalonada hasta 2045, pero los diputados tomaron otra decisión.
Además, la pensión de servicio se calculará sobre la base del 80% de la media de las asignaciones y primas brutas mensuales percibidas durante los últimos 48 meses de servicio. Sin embargo, la pensión de los fiscales y los jueces será como máximo igual al salario neto del último mes de servicio, sin tener en cuenta otros ingresos por primas o dinero por vacaciones no disfrutadas. Después de los diputados, será el turno de los senadores, cuyo voto será decisivo en este caso.
El documento ya está siendo criticado por el Consejo Superior de la Magistratura, que considera que su aplicación afectará a la independencia del poder judicial. Aunque aún no es definitivo, parte de la prensa rumana ya habla de una «ley histórica», mientras que otra parte lo califica de «cortina de humo». Los diputados de la oposición advierten de que los problemas de inconstitucionalidad podrían echar por tierra un proyecto potencialmente bueno.
Versión en español: Monica Tarău
