Ley contra el lavado de dinero
El Senado de Rumanía ha adoptado este lunes una propuesta legislativa sobre la prevención y la lucha contra el lavado de dinero.
Bogdan Matei, 25.09.2018, 12:18
Largamente esperada por Bruselas y debatida públicamente en Bucarest, la nueva versión de la ley sobre la prevención y la lucha contra el lavado de dinero ha sido adoptada por el Senado, como primera cámara informada. Su puesta en marcha había llegado a ser urgente después de que el 29 de agosto la Comisión Europea presentara ante el Tribunal de Justicia de la Unión una acción contra Rumanía porque las autoridades no habían incorporado a la legislación nacional la directiva comunitaria sobre la lucha contra el lavado de dinero, aunque estuvieran obligadas desde junio de 2017.
En el caso de una condena, Rumanía corre el riesgo de recibir multas de millones de euros exactamente cuando tendrá la presidencia del Consejo de la Unión Europea, en la primera mitad del año 2019, según ha advertido recientemente el ministro delegado de Asuntos Europeos, el socialdemócrata Victor Negrescu, al presidente del PSD y de la Cámara de los Diputados, Liviu Dragnea. Por lo demás, algunas fuentes de la prensa han afirmado que Negrescu tendrá pronto una entrevista con la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, sobre la lucha contra el lavado de dinero. A su vez, la primera ministra Viorica Dăncilă había abogado por la rápida puesta en marcha de la ley.
El documento se basa en un proyecto avanzado por el Gobierno formado por el PSD y la ALDE, al cual los senadores del poder añadieron unas enmiendas no aceptadas por el Ejecutivo e impugnadas por la oposición de derecha. Una modificación del texto inicial es sobre la eliminación del artículo respecto a las “personas políticamente expuestas” y sobre el cual el presidente de la Comisión jurídica, el senador y exministro de Justicia del PSD, Robert Cazanciuc, ha afirmado que es “evidentemente inconstitucional”. Otra enmienda aceptada propone medidas de precaución cuando se está efectuando una transacción ocasional “que alcanza por lo menos los 15.000 euros, indiferentemente de si la transacción se hace mediante una sola operación o mediante varias operaciones que parecen estar conectadas”.
El proyecto prevé también que las sociedades con acciones al portador tengan un año y medio para efectuar la conversión a las acciones nominativas, y en caso contrario serán disueltas. En este contexto, los analistas también recuerdan que este verano el ministro de Hacienda, Eugen Teodorovici, había precisado que el proyecto de ley según el cual los rumanos que vivían en el extranjero y que enviaban a casa más de 2.000 euros deberían justificar su procedencia, no tenía por objetivo confiscar el dinero que superaba esta suma. El mandatario precisó que se trataba de incorporar una directiva europea en la legislación nacional. En caso contrario, Rumanía corre el riesgo de recibir multas diarias, ha añadido el ministro. En abril, en un debate sobre el mismo tema, el alto cargo había destacado que el dinero enviado al país por los rumanos de la diáspora procedía del trabajo honesto. Un estudio del Banco Mundial muestra que el año pasado los rumanos que trabajan en el extranjero enviaron al país aproximadamente 4.900 millones de euros.
