Ley contra las pensiones especiales
Los magistrados y otras categorías profesionales de Rumanía se han quedado sin las llamadas pensiones especiales.
Bogdan Matei, 29.01.2020, 15:52
Al comienzo de un año electoral marcado por elecciones locales y parlamentarias, la clase política rumana compite en iniciativas al gusto del público. Este martes, la Cámara de los Diputados ha aprobado en sesión extraordinaria con 247 votos a favor, ninguno en contra y 21 abstenciones, el proyecto de ley sobre la anulación de las denominadas pensiones especiales. Si el resultado del voto fue rotundo, los debates previos acaloraron la atmósfera. El PNL y el PSD, el actual y el antiguo partido en el poder se han acusado mutuamente de ser los iniciadores de los privilegios concedidos a determinadas categorías profesionales. La Unión Democrática de Húngaros en Rumanía y la Alianza de Liberales y Demócratas han solicitado la postergación de los debates y la Unión Salvar Rumanía ha pedido que sean introducidas algunas propuestas como por ejemplo la limitación de las pensiones de los magistrados. Al final, han sido eliminadas las pensiones especiales de los parlamentarios, jueces y fiscales, del personal auxiliar de especialidad de las instancias judiciales y de las fiscalías, de los funcionarios públicos con estatuto especial, los miembros del cuerpo diplomático y consular y del Tribunal Constitucional así como del personal aeronáutico civil y profesional.
Todas estas categorías se beneficiaban de pensiones que infringían el principio contributivo y eran frecuentemente calificadas de injustas, inequitativas, siendo un desafío contra los millones de jubilados con pensiones bajas. En cambio no se verán afectadas las pensiones especiales de los exmilitares, policías u oficiales de los Servicios de Inteligencia. Igualmente han sido excluidas del proyecto de ley las enmiendas que preveían la eliminación de las rentas vitalicias para los deportistas y de los subsidios para los artistas, los científicos y los miembros de las uniones de creadores. El líder de los diputados liberales, Florin Roman, ha declarado que mediante la eliminación de las pensiones especiales se podrán recoger, al menos parcialmente, los recursos financieros necesarios para el aumento ya programado de las pensiones comunes y de los subsidios para niños.
El presidente de la Unión Salvar Rumanía, Dan Barna, ha llamado la atención acerca de que el documento legislativo incluye elementos que se pueden impugnar ante el Tribunal Constitucional y ha propuesto sin éxito alguno, la introducción de algunas enmiendas que preveían entre otras cosas mantener en vigor las pensiones especiales para los magistrados, bajo una forma que fijaba la limitación de las mismas.
El líder de los diputados socialdemócratas, Alfred Simonis, ha afirmado que en caso de una decisión de inconstitucionalidad, dicho documento será modificado en el Parlamento.
El presidente del Tribunal Supremo de Casación y Justicia, Alina Corbu ha advertido, inmediatamente después del voto en el pleno de la Cámara de los Diputados, que la ley está en contradicción con una decisión anterior del Tribunal Constitucional. Alina Corbu ha declarado que las pensiones especiales de los magistrados forman parte del conjunto de garantías que dan carácter efectivo a la independencia y la imparcialidad de la autoridad judicial. Anteriormente, la Inspección Judicial y varias asociaciones de magistrados habían advertido que la eliminación de las pensiones especiales viola de manera brutal los principios de la independencia y la inmovilidad de los jueces, artículos de la Constitución y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
